España destina menos del 3% de su PIB a inversión pública, solo por delante de Irlanda y muy lejos del 4,5% de Francia. El 73,7% de los fondos Next Generation ha ido a las Administraciones.
España es el segundo país de la Unión Europea que menos invierte en servicios públicos. La Comisión Europea sitúa el flujo de capital público español por debajo del 3% del PIB, solo por delante de Irlanda y lejos del 4,5% de Francia y del 3,8% de media en los Veintisiete. El dato aparece en la última edición de Previsiones Económicas, el documento de trabajo del Ejecutivo comunitario, y lo ha divulgado el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, según publica OK Diario.
La paradoja es que esa baja inversión pública convive con un volumen enorme de ayudas europeas. Hasta la primera mitad de 2026, en España se han resuelto convocatorias por unos 51.376 millones de euros. De ese total, el 73,7% ha ido a parar a unas 5.603 entidades estatales, autonómicas y locales. Solo el 24% lo han percibido directamente entidades privadas, y un 1,8% personas físicas.
El programa Next Generation echó a andar hace seis años, tras la pandemia de Covid-19, y el pasado 31 de agosto concluyó formalmente el plazo para que los Estados miembros ejecutaran los recursos. España tenía asignados 163.014 millones de euros, pero con el tiempo ha renunciado a un 38% de esos fondos, equivalentes a 61.706 millones.
El PP sostiene que la gestión del Ejecutivo ha estado marcada por la improvisación. Nadal explicó en rueda de prensa que los fondos han servido principalmente «para que el Gobierno pueda sobrevivir sin Presupuestos», y no para mejorar los servicios públicos o la productividad. Los populares contabilizan nueve adendas al plan en los últimos tres años, que dejan la dotación definitiva en unos 101.104 millones de euros.
«Para que el Gobierno pueda sobrevivir sin Presupuestos»
De esa cifra, el PP considera que unos 30.000 millones tienen un futuro incierto: sobre el papel están adjudicados, pero no en la práctica, y el Ejecutivo quiere contabilizarlos como asignados antes de la fecha límite del 31 de agosto. Nadal calificó esta desviación de «muy grave» respecto a las normas de la Comisión Europea.
El caso más llamativo, según los populares, son los 15.000 millones de euros que el pasado 28 de julio se asignaron a un grupo reducido de empresas públicas, una operación que el PP interpreta como una forma de enmascarar la incapacidad de llevar ese dinero a la economía real dentro de plazo.
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