El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reclama en Luxemburgo mantener la trayectoria de reducción de emisiones y destinar una parte «significativa y previsible» de los ingresos del mercado de carbono a electrificación y eficiencia industrial.
El Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea abarca alrededor de 11.000 instalaciones responsables del 40% de las emisiones de CO2 del bloque y, desde su puesta en marcha, ha contribuido a reducirlas un 47% en los sectores regulados, según el análisis difundido por ecosistemastartup.com. Sobre ese mecanismo se dirime ahora la reforma que la Comisión Europea presentó en julio y que este lunes volvió a dividir a los Veintisiete en el Consejo de Medio Ambiente celebrado en Luxemburgo.
España acudió con una posición definida: mantener una trayectoria exigente de reducción de emisiones, pero con financiación y salvaguardas para que la industria no traslade su producción fuera del continente. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lo resumió así:
«La descarbonización no es un obstáculo para la competitividad; es una condición para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, reforzar la autonomía estratégica y movilizar inversión limpia en Europa».
La delegación española sostuvo que el ETS debe seguir siendo «el principal instrumento de la política climática de la UE» y defendió que el ritmo de retirada de derechos de emisión parta de la trayectoria más exigente prevista para 2036-2040. Esto implica menos permisos disponibles cada año para empujar a las empresas a contaminar menos de forma progresiva.
El matiz que introduce España afecta directamente a cualquier compañía industrial: cualquier suavización de esas exigencias a partir de 2036 solo debería permitirse si existe un volumen suficiente de créditos internacionales de carbono de alta calidad, entendidos como compensaciones por proyectos de reducción de CO2 ejecutados fuera de la UE.
Morán también respaldó dos piezas que cambian el mapa de financiación climática: la creación de un Banco de Descarbonización Industrial y que una parte «significativa y previsible» de los ingresos del mercado de carbono se destine a inversiones en electrificación, eficiencia, almacenamiento y combustibles sostenibles.
Bruselas plantea que los Estados miembro destinen obligatoriamente al menos el 50% de los ingresos de las subastas de derechos a descarbonizar los sectores cubiertos por el ETS. Hoy apenas alrededor del 5% de esos recursos se dedica directamente a ese fin, una cifra que la Asociación Europea del Acero (EUROFER) confirma: menos del 5% de los ingresos gestionados por los Estados se invierte en descarbonización industrial.
La reforma presentada por la Comisión Europea en julio adapta el mecanismo al objetivo de reducir las emisiones comunitarias un 90% en 2040. El cambio central está en el ritmo con el que se retiran permisos del mercado.
El recorte anual pasaría del 4,4% previsto para el final de esta década al 3,7% entre 2031 y 2035 y al 1,7% entre 2036 y 2040. En la práctica, las industrias dispondrían de más derechos y durante más tiempo, y el sistema podría funcionar previsiblemente hasta mediados de la década de 2040.
A cambio, Bruselas endurece las condiciones para seguir recibiendo asignaciones gratuitas después de 2030: el 80% se concedería una vez la empresa presente su plan de inversión para reducir su huella de carbono y el 20% restante solo cuando acredite que ya lo ejecutó. Las compañías que trasladen su producción fuera de la UE perderían el derecho a esas asignaciones, mientras que las que ya lideren la reducción de emisiones o reciban financiación del Fondo de Innovación o del futuro Banco de Descarbonización quedarían exentas.
Otros cambios que la Comisión puso sobre la mesa incluyen la incorporación de créditos internacionales de alta calidad desde 2036, equivalentes hasta el 2% del volumen del ETS, con criterios de calidad que se revisarían en 2033; la integración de 150 millones de toneladas de absorciones permanentes de carbono generadas dentro de la UE; y la reforma de la Reserva de Estabilidad del Mercado, que bajaría del 24% al 12% la tasa anual con la que absorbe derechos en circulación.
El nuevo Banco de Descarbonización Industrial contaría con derechos de emisión valorados en unos 100.000 millones de euros y se desplegaría en dos fases: un mecanismo temporal de aceleración de inversiones y, desde 2031, un sistema de contratos por diferencias de carbono adjudicados por subasta.
Para los sectores cubiertos por el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), la eliminación de derechos gratuitos se ralentiza y se extiende hasta 2038, con una subasta de referencias que suma 6.000 millones de euros.
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