Ocho de los diez acusados de una trama hipotecaria en Cantabria pactan penas más bajas con la Fiscalía al inicio del juicio y reducen su condena.
Ocho de los diez acusados de una presunta trama inmobiliaria en Cantabria han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y verán reducidas a la mitad sus penas de prisión. Así lo recoge La Razón, que informa del acuerdo alcanzado al inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria.
Según la acusación, los implicados compraban viviendas con préstamos hipotecarios obtenidos de forma fraudulenta, inflaban el precio de los inmuebles, los alquilaban y dejaban de pagar las cuotas a los pocos meses. Las operaciones afectaron a pisos en Colindres, Laredo y Castro Urdiales. La vista se prolongará hasta principios de noviembre.
Con el pacto, tres compradores pasan de afrontar una petición de seis años de cárcel a una condena de tres años. Los otros cinco, para quienes la Fiscalía pedía cinco años, quedan en dos años. Los dos acusados restantes no han llegado a un acuerdo: la presunta cabecilla, para quien se reclaman diez años de prisión, y su hijo, con una petición de cuatro años.
El escrito del Ministerio Fiscal describe a una mujer que se presentaba como intermediaria inmobiliaria y dirigía la presunta organización, con la ayuda de su hijo. La acusación le atribuye doce operaciones inmobiliarias que habrían generado 1,3 millones de euros y siete créditos personales por 194.000 euros. Los hechos se encuadran en estafa agravada, falsificación y receptación. Para la presunta responsable principal, la Fiscalía solicita además una multa de 8.640 euros y quince años de inhabilitación para la intermediación inmobiliaria y financiera.
Los ocho compradores que han pactado coincidieron en que la mujer gestionaba casi todos los trámites: ellos le entregaban la documentación, mientras ella negociaba con los vendedores y las entidades bancarias. Solo acudían a firmar ante notario. Según sus declaraciones, recibían entre 1.000 y 3.500 euros en efectivo por participar en las compras.
«Firma aquí y firma aquí», relató una de las acusadas al describir cómo se desarrollaban las operaciones.
La misma acusada reconoció que nunca llegó a cobrar el alquiler de la vivienda que compró con esta fórmula. Los compradores explicaron que en 2017 y 2018 atravesaban dificultades económicas, y algunos estaban desempleados.
En la vista declararon también seis testigos que vendieron sus pisos a través de la misma inmobiliaria. Una de las vendedoras descubrió, tras firmar, que la escritura reflejaba una cantidad entregada superior a la que había recibido, y presentó una denuncia.
El juicio continúa con nuevas sesiones en la Audiencia Provincial de Cantabria. Durante el proceso deberá resolverse la situación de los dos acusados que no han pactado, mientras los ocho compradores se benefician de la rebaja acordada con la Fiscalía.
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