El patrimonio medio de los grandes declarantes en Madrid alcanza los 11,7 millones de euros, casi cuatro veces los 2,8 millones de Cataluña, según los datos del Impuesto de Patrimonio de 2024 publicados por la Agencia Tributaria.
El Impuesto de Patrimonio de 2024 deja una diferencia histórica entre Madrid y Cataluña. El patrimonio medio de los grandes declarantes madrileños se sitúa en 11,7 millones de euros, frente a los 2,8 millones de los catalanes, según los datos de la Agencia Tributaria analizados por ecosistemastartup.com. En términos totales, Madrid declara 297.901 millones de euros y Cataluña 268.330 millones.
La brecha no es nueva, pero se ha acelerado. Desde 2019, el patrimonio medio madrileño creció un 17,8%, mientras que el catalán apenas subió un 7,7%. En 2019, el total catalán (211.126 millones) superaba al madrileño (193.948 millones). Cinco años después, las posiciones se han invertido.
La explicación está en el número de declarantes y en la fiscalidad autonómica. Cataluña tiene 94.875 declarantes, frente a los 25.524 de Madrid, pero su umbral mínimo exento es de 500.000 euros, mientras que el de Madrid asciende a dos millones. Esto implica que Cataluña incluye patrimonios medianos que no llegan al millón, mientras que Madrid solo recoge a los millonarios. De ahí la enorme diferencia en el promedio: menos declarantes, pero con fortunas mucho mayores.
Del total declarado por los grandes patrimonios, el 68,7% corresponde a acciones y participaciones, el 17,6% a bienes inmuebles, el 6,5% a depósitos bancarios y el 7,2% a joyas y otros bienes. El grueso son activos financieros, sobre todo renta variable, por lo que la foto también refleja cómo le va a la bolsa a cada territorio.
La clave del sorpasso está en la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio que aplica la Comunidad de Madrid a patrimonios de entre uno y tres millones de euros, combinada con la recuperación del impuesto en 2023 tras la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ISGF) por parte del Estado.
Madrid pasó de recaudar cero euros en 2022 a ingresar 613,7 millones en 2023 y 642,77 millones en 2024. ¿Por qué ahora recauda si antes no? Porque la ley madrileña de 2022 estableció que pagar el Impuesto de Patrimonio regional exime del pago del impuesto estatal, de modo que el dinero se queda en la región en lugar de ir a las arcas del Estado.
De los 25.500 declarantes madrileños de 2024, solo unos 11.400 terminaron pagando: más de 14.000 se beneficiaron de una bonificación del 100% en la cuota, lo que dejó de ingresar 732 millones de euros solo en Madrid. En Cataluña, por contraste, las bonificaciones autonómicas apenas costaron medio millón de euros en recaudación.
En noviembre de 2024, la Asamblea de Madrid aprobó una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para inversores extranjeros que trasladen su residencia fiscal a la región. La norma, conocida como Ley Mbappé, exige no haber sido residente fiscal en España en los cinco años previos y mantener la inversión al menos seis años. La deducción se aplica a inversiones en acciones o participaciones en empresas radicadas en Madrid, obligaciones, bonos y fondos de inversión, pero queda excluida la inversión inmobiliaria. Si el inversor no genera suficiente IRPF en su primer año, puede arrastrar el beneficio hasta los cinco ejercicios siguientes.
Conviene distinguir esta Ley Mbappé madrileña de la Ley Beckham estatal: la Beckham, vigente desde 2003, fija un tipo único del 24% sobre los rendimientos del trabajo durante seis años; la Mbappé no modifica tipos, sino que devuelve hasta el 20% de lo invertido vía deducción en el IRPF regional. Son mecanismos distintos para públicos parcialmente distintos.
El ISGF, diseñado para neutralizar las bonificaciones autonómicas, no rindió lo previsto. Un informe interno de la Dirección General de Tributos al que tuvo acceso ABC reconoce que un error de redacción permitió a contribuyentes de Madrid, Andalucía y Galicia descontar de la factura fiscal estatal el mismo importe que ya se les había bonificado en su comunidad, lo que recortó hasta un 80% la carga prevista. De los 2.951 millones de euros de cuota íntegra teórica, solo se recaudaron finalmente una fracción muy inferior.
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