El Banco de España ha impuesto sanciones por 2.773.000 euros al Banco de Crédito Social Cooperativo y a 19 de sus cargos por incumplir la normativa de remuneraciones. Las multas se publicaron en el BOE y están recurridas en los tribunales.
El Banco de España ha impuesto sanciones por un total de 2.773.000 euros al Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, y a 19 de sus cargos de administración y dirección. De acuerdo con El Digital de Albacete, las multas se deben a incumplimientos de la normativa sobre políticas de remuneraciones.
La mayor parte corresponde a la entidad, con dos millones de euros, mientras que los 773.000 euros restantes se reparten entre los responsables del expediente. La resolución, adoptada el 24 de febrero de 2025, califica la infracción de grave.
Según la resolución, la entidad no había considerado al menos el 15 % de los compromisos por pensiones del colectivo identificado como retribución variable, tal y como exige la normativa. Ese colectivo puede incidir de forma relevante en el perfil de riesgo del banco.
La infracción se encuadra en la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. El supervisor precisa que los incumplimientos no alcanzaron la especial significación que prevé esa norma.
Entre los sancionados figuran miembros del consejo de administración, el consejero delegado y el director general de Recursos Humanos. La multa individual más alta, de 75.000 euros, corresponde a Manuel Yebra Sola, como consejero delegado. Bernabé Sánchez Minguet y Luis Rodríguez González reciben 55.000 euros cada uno, y el resto, entre 15.000 y 50.000 euros.
Banco de Crédito Social Cooperativo ejerce las funciones de dirección y coordinación de las entidades del grupo, entre ellas Cajamar Caja Rural. La sanción no se impone a Cajamar Caja Rural como entidad jurídica independiente, pero sí afecta a la sociedad que coordina el grupo.
Las multas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de agosto de 2026, una vez firmes en vía administrativa. El procedimiento comenzó el 24 de mayo de 2024. El propio organismo advierte de que las sanciones están recurridas judicialmente y no son firmes en sede jurisdiccional, por lo que los tribunales aún pueden pronunciarse sobre ellas.
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