La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un coronel de la Guardia Civil acusado de falsificar documentos para favorecer a una empresa en la licitación de 8.250 fusiles. La gerenta y un empleado de la firma se enfrentan a un año y medio de cárcel.
La Audiencia de Madrid juzga este martes a un coronel de la Guardia Civil para quien la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental. El Ministerio Público sostiene que el oficial manipuló documentación para que una empresa resultara adjudicataria del contrato de suministro de 8.250 fusiles destinados a distintas unidades del instituto armado, según el escrito de acusación recogido por Infobae.
Junto al coronel se sentarán en el banquillo la gerenta de la compañía beneficiada, B.H.Z., y un empleado de la misma, I.G.L., para quienes la Fiscalía reclama un año y medio de cárcel a cada uno.
El origen del caso está en el anuncio de licitación que el Boletín Oficial del Estado publicó el 11 de septiembre de 2019, emitido por la jefatura de asuntos económicos de la Guardia Civil. El pliego exigía a los licitadores presentar cinco unidades de muestra idénticas al fusil ofertado, con unas características técnicas muy concretas, y fijaba el 30 de septiembre de 2019 como fecha límite para recibir ofertas.
Según la Fiscalía, el 18 de septiembre de 2019 la gerenta de la empresa se reunió en el Cuartel de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro (Madrid), con el coronel acusado y con el teniente coronel G.J.P. En ese encuentro, B.H.Z. les trasladó que su compañía no podía presentar las muestras exigidas dentro de plazo.
Ante la ausencia de otras ofertas y el riesgo de que el concurso quedara desierto, la gerenta y el coronel acordaron, siempre según el relato del fiscal, utilizar como muestras cinco fusiles de la propia Guardia Civil de la misma clase, previa manipulación de sus elementos identificativos.
«Previa manipulación de sus elementos de identificación», señala el escrito de acusación.
Ese mismo día, el coronel ordenó a un brigada que retirara del almacén central cinco fusiles y los trasladara al laboratorio donde se practican las pruebas balísticas de las muestras presentadas por los licitadores. También dio instrucciones a una agente de la oficina técnica del servicio de armamento y equipamiento para que redactara un recibo de entrega de material, pese a que la empresa de B.H.Z. no había presentado las muestras, según la Fiscalía.
Cinco días después, el coronel, un guardia civil bajo su mando y el empleado de la empresa acudieron al laboratorio balístico, donde embalaron, precintaron y etiquetaron los fusiles. En cada envase incluyeron dos cargadores de 30 cartuchos, una caja de conservación y transporte, un estuche de limpieza y un manual de instrucciones, para cumplir así con las condiciones del pliego.
Además, pegaron en los envases etiquetas con el logotipo de la compañía y una referencia al número de expediente de licitación, que colocaron encima de los adhesivos originales donde figuraban el número de serie de cada fusil y la titularidad de la Guardia Civil.
El 27 de septiembre de 2019, B.H.Z. presentó su oferta acompañada del recibo de entrega de la muestra firmado por el coronel, lo que, a juicio del Ministerio Público, permitió a la empresa continuar en el proceso de adjudicación.
El juicio se celebra en la Audiencia de Madrid y en él se dirimen las responsabilidades penales de los tres acusados por los hechos descritos.
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