La Comisión Europea mantiene a España bajo presión migratoria por segundo año consecutivo. Así podrá acceder al contingente de solidaridad, con ayudas económicas y reubicaciones de migrantes.
De acuerdo con la información publicada por La Vanguardia, la Comisión Europea vuelve a incluir a España entre los países sometidos a presión migratoria por segundo año consecutivo. La decisión tiene en cuenta el incidente ocurrido en Ceuta y permite al Estado acceder de nuevo al contingente de solidaridad previsto por el Pacto de Migración y Asilo.
La clasificación figura en el segundo informe anual sobre asilo y migración, presentado este viernes por el Ejecutivo comunitario. El documento señala también a Italia, Grecia y Chipre por el número desproporcionado de llegadas irregulares, por tierra y por mar.
«España representó alrededor del 20 % de todos los cruces ilegales de fronteras a nivel de la UE, y fue, de hecho, el tercer Estado miembro en cuanto a llegadas a través de operaciones de búsqueda y rescate».
Así lo explicó el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, durante la presentación del informe. Según fuentes comunitarias, esa cifra no incluye la entrada de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Pese a que el informe analiza el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la Comisión sí tuvo en cuenta esos hechos como un «evento relevante», figura prevista en la normativa. Un funcionario comunitario lo explicó así:
«Tras analizar la información y las notificaciones que hemos recibido en relación con las entradas en la ciudad autónoma y, por supuesto, también las llegadas a España a lo largo del año, hemos llegado a la conclusión de que España también se encuentra sometida a presión migratoria».
Además de estos cuatro países, la Comisión advierte de que otros quince Estados corren el riesgo de sufrir presión migratoria: Bélgica, República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia. El riesgo se debe a llegadas irregulares elevadas, movimientos secundarios no autorizados, solicitudes de asilo o protección temporal concedidas a personas que huyen de la guerra de Rusia contra Ucrania.
La Comisión también ha presentado su propuesta para el fondo de solidaridad anual. Se remitirá al Consejo de la UE para su adopción, y sus cifras no se difunden, según las normas del Pacto de Migración y Asilo. El Consejo deberá convocar en un plazo de 15 días el primer Foro de Solidaridad de Alto Nivel, donde cada Estado miembro presentará sus propuestas de contribución.
Esa contribución puede adoptar forma de aportaciones financieras, reubicaciones de migrantes, compensación de responsabilidades sobre solicitantes o beneficiarios de asilo, o medidas alternativas como apoyo en medios y personal. En el ciclo anterior, los socios acordaron para 2026 unas 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros de asistencia financiera, por debajo de los 30.000 y 600 millones que proponía Bruselas y que defendía España.
Hungría y Eslovaquia se opusieron a participar en el sistema de solidaridad en el periodo anterior, y la Comisión les advirtió de posibles medidas si mantenían esa negativa.
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