El absentismo por incapacidad temporal en España casi duplica la media europea, según Eurostat. Las empresas pueden investigar actividades incompatibles con la baja, pero deben respetar límites legales para que las pruebas sean válidas en un despido.
Las ausencias por baja médica en España crecieron en 2024 muy por encima de la media de la Unión Europea. La proporción de trabajadores ausentes por incapacidad temporal casi duplicó el promedio comunitario, de acuerdo con datos de Eurostat. A esta realidad se suman los informes publicados a finales de septiembre: Randstad Research constata que el absentismo sigue aumentando, y Anged y The Adecco Group Institute estiman un sobrecoste de 240 millones de euros en las grandes cadenas comerciales asociadas a esa patronal.
En este contexto, las empresas se enfrentan a un doble reto: gestionar las ausencias y detectar posibles abusos sin confundir enfermedad con fraude. La firma española Winterman, especializada en investigación corporativa, fraude, inteligencia empresarial y gestión de riesgos, detalla en un análisis recogido por lawandtrends.com qué pueden investigar las compañías ante una baja sospechosa y qué límites deben respetar.
La investigación no consiste en determinar si un trabajador «parece enfermo», sino en documentar actividades concretas. Los detectives pueden comprobar si la persona realiza trabajos para otro negocio o actividades físicas aparentemente incompatibles con las limitaciones que motivan la baja. Importan las tareas, su duración, frecuencia e intensidad. No es lo mismo observar un gesto puntual que acreditar una actividad sostenida.
El informe del detective aporta hechos, pero su valoración corresponde a los tribunales, que deben considerar la situación médica y laboral. La jurisprudencia distingue entre actividades que dificultan la curación y aquellas que evidencian una capacidad para trabajar incompatible con la incapacidad alegada.
Hacer deporte durante una baja no tiene una respuesta única. El ejercicio puede formar parte de la recuperación, estar permitido o resultar incompatible con la lesión. Una fotografía en bicicleta o en un gimnasio no resuelve por sí sola el caso: deben valorarse las recomendaciones médicas y el esfuerzo realizado. Los tribunales ofrecen ejemplos de esa diferencia. El TSJ de Aragón confirmó en 2022 el despido de un trabajador que, de baja tras una operación de rodilla, participó durante tres días en un torneo de pádel. En cambio, el TSJ de Navarra declaró improcedente en 2018 el despido de otro trabajador operado de rodilla que practicaba ciclismo: sus médicos habían recomendado esa actividad y conocían su evolución.
Salir y disfrutar de una actividad de ocio tampoco descarta una baja por ansiedad. La capacidad para acudir a un concierto no demuestra automáticamente que una persona pueda afrontar su jornada laboral. Las limitaciones asociadas a un problema de salud mental no pueden deducirse únicamente de su aspecto o de un momento de ocio. En abril de 2024, el TSJ de Cantabria confirmó la improcedencia del despido de una trabajadora que había cantado y bailado en un concierto durante una baja por ansiedad. No se acreditó que la actividad perjudicara su recuperación ni que demostrara una simulación.
La empresa debe delimitar el encargo y acreditar su interés legítimo. La Ley de Seguridad Privada exige justificar el interés de quien solicita la investigación. El seguimiento debe ajustarse a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Antes de empezar, conviene concretar qué hechos se pretenden comprobar y para qué. Encargar una investigación laboral no autoriza a recopilar indiscriminadamente información sobre la vida personal o familiar del empleado.
El domicilio y los espacios reservados quedan fuera del seguimiento. Que una actividad pueda verse desde el exterior no significa que sea lícito grabarla. La intimidad sigue protegida durante una baja. El Tribunal Supremo lo dejó claro en su sentencia de 25 de mayo de 2023: consideró ilícitas las fotografías obtenidas por un detective de un trabajador que realizaba esfuerzos en el jardín y el huerto de su vivienda. El jardín era un espacio protegido y las imágenes no podían utilizarse para sostener el despido. Una prueba aparentemente contundente puede resultar inutilizable por la forma de obtenerla.
El informe debe permitir comprobar lo ocurrido, no limitarse a mostrar una fotografía. La normativa exige que identifique el objeto del encargo, los medios empleados, los resultados y los detectives intervinientes. Solo debe incorporar información directamente relacionada con la investigación. Su utilidad depende de que permita entender y contrastar los hechos. Además, los detectives deben ratificar sus informes ante las autoridades judiciales cuando sean requeridos. Documentar correctamente el contexto es tan importante como obtener las imágenes.
Una vez recibido el informe, la empresa y sus asesores laborales valoran los hechos documentados, su relación con la baja y la validez de las pruebas. Si se decide despedir, el tribunal examinará si la investigación respetó los límites legales. La clave está en obtener pruebas válidas y valorar cada caso.
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