El Concello de Ourense cerró agosto con 26,5 millones en facturas pendientes de pago, algunas desde 2014, y un periodo medio de pago de 115 días. Tesorería ha emitido un informe urgente para desbloquear los expedientes y advierte de posibles sanciones de Hacienda.
El Concello de Ourense cerró el mes de agosto con 26,5 millones de euros en facturas sin pagar a sus proveedores, según un informe de la Tesorería municipal. De esa cantidad, 26,4 millones corresponden a obligaciones pendientes de reconocimiento, y algunas facturas llevan sin abonarse desde el año 2014. El periodo medio de pago (PMP) se sitúa en 115 días, casi cuatro veces por encima del límite legal de 30 días que fija la legislación estatal.
El documento, firmado electrónicamente por la Tesorera accidental del consistorio, no señala a los responsables políticos, sino que lanza un requerimiento interno de máxima urgencia a los distintos departamentos municipales para que desbloqueen un volumen significativo de facturas acumuladas sin tramitar, tal y como recoge Faro de Vigo. Tesorería advierte de que la totalidad de los comprobantes incluidos en la relación adjunta superan ya el plazo legal de 30 días desde su entrada en el registro contable municipal.
El informe detalla las principales irregularidades que mantienen atascados los expedientes. Entre ellas figuran facturas pendientes de conformidad técnica por falta de firmas, propuestas de gasto o retenciones de crédito. También se han detectado facturas marcadas con defectos subsanables por la Intervención municipal, como la ausencia de informes obligatorios, falta de documentación justificativa o el registro en partidas presupuestarias incorrectas.
Para estas facturas paralizadas por la Intervención, Tesorería urge a los jefes de servicio a comprobar si el trámite corrector ya se ha completado y a remitir la documentación subsanada a la fiscalización interna para reactivar los expedientes de pago. Asimismo, alerta de la existencia de facturas paralizadas por carecer de crédito presupuestario disponible, lo que obliga a los departamentos a coordinarse con el Servicio de Gestión Económica, y de otras adscritas a mecanismos extraordinarios de pago a proveedores que siguen pendientes de validación técnica.
El órgano financiero exige a las áreas gestoras que ejecuten de forma inmediata las actuaciones necesarias para regularizar las facturas recibidas entre el 1 de enero de 2014 y el 20 de julio de 2026. Además, advierte de las posibles sanciones de Hacienda que puede acarrear el incumplimiento de los plazos legales de pago, así como de la necesidad de devolver formalmente a través del sistema CIVIDAS las facturas asignadas por error a un departamento equivocado.
El Ayuntamiento de Ourense no ha emitido por el momento una respuesta pública sobre las medidas que adoptará para corregir la situación. Los proveedores afectados, muchos de ellos pymes y autónomos, siguen a la espera de cobrar sus facturas, algunas con más de una década de retraso.
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