El Ejecutivo cifra en algo más de 1.600 millones el impacto en las arcas públicas del decreto con bonificaciones fiscales, protección ante desahucios y prohibición de compra a fondos buitre. El texto se vota este viernes en el Congreso.
El Gobierno ha estimado en algo más de 1.600 millones de euros el coste para las arcas públicas de los dos decretos ley de vivienda que se someterán a votación este viernes en el Congreso de los Diputados, según las memorias económicas de los textos, recogidas por valenciaplaza.com.
El desembolso se concentra en el decreto que incluye bonificaciones fiscales, protección frente a desahucios y la prohibición de compra a fondos buitre. El otro decreto, que regula la renovación automática del alquiler, no genera gasto público porque no altera tributos ni crea organismos ni dotaciones específicas.
En el apartado fiscal, el impacto principal procede de la prórroga del tipo del 1,1% en el IRPF para viviendas vacías, que afecta a unas 2,36 millones de declaraciones de la renta y supone una merma de recaudación de 154 millones de euros.
El texto también incorpora recargos en el IBI para la vivienda vacía, aunque Hacienda no cuantifica su coste porque se trata de un tributo gestionado por las entidades locales y su aplicación depende de que el inmueble esté en una zona tensionada declarada oficialmente.
Para los propietarios que alquilen a precio reducido, el decreto fija reducciones en el IRPF de hasta el 100% si al firmar un nuevo contrato se baja el precio un 5%. El Ejecutivo no detalla el coste concreto y argumenta que el impacto neto dependerá de la distribución efectiva de los contratos y se desplegará de forma gradual.
La deducción del 60% en el IRPF por rehabilitación energética o para contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023 se cifra en 370 millones de euros.
En el IRPF, el Gobierno calcula que unas 945.000 personas se beneficiarán de una deducción del 10% por alquiler de vivienda habitual, para contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros. El coste estimado es de 835 millones de euros.
La exención de IRPF en las ayudas para la rehabilitación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 llegará a 11.915 contribuyentes y costará 6,8 millones. La exención de la ganancia patrimonial por transmisión de vivienda desocupada a entidades públicas se estima en 93,9 millones, si bien la Agencia Tributaria admite que la cifra puede variar según el número de transmisiones y el valor de las mismas.
Las medidas relativas al rendimiento por parentesco e imputación de renta se calculan en unos 380 millones de euros.
En el IVA, gravar con un 10% a los pisos turísticos aportará unos 170 millones de euros al año y 14 millones solo en el mes de diciembre, cuando entraría en vigor si se convalida el texto. El tipo reducido para obras de renovación y reparación en viviendas destinadas a arrendamiento costará 103,5 millones en términos de año completo, y rebajar el IVA al 4% a las viviendas protegidas supondrá 121,2 millones.
La ley también eleva del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios de las Socimi, lo que generará un incremento de recaudación de 1,2 millones, aunque las deducciones fiscales a las que pueden acogerse estas sociedades alcanzan los 3 millones.
Por último, la memoria señala que las aportaciones de inmuebles del Patrimonio del Estado y de otras entidades del sector público a CASA 47 tienen principalmente un efecto patrimonial, aunque pueden producir consecuencias presupuestarias no especificadas.
La votación de ambos decretos en el Congreso está fijada para este viernes. Si salen adelante, el decreto con medidas fiscales entraría en vigor en diciembre, según consta en el texto.
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