Los clientes bancarios de La Rioja presentaron 208 reclamaciones al Banco de España en 2025, un 70,3% menos que el año anterior. El fraude se convierte en el principal motivo de queja, con 69 expedientes, un 115,6% más.
Los clientes bancarios de La Rioja presentaron 208 reclamaciones ante el Banco de España durante 2025, lo que supone un descenso del 70,3% respecto al año anterior, según los datos publicados por el supervisor y recogidos por larioja.com. La caída se explica principalmente por el desplome de las quejas relacionadas con los gastos de formalización de hipotecas, que en ejercicios previos habían generado un volumen elevado de expedientes.
Sin embargo, las reclamaciones por fraude aumentaron un 115,6% y se colocaron como el primer motivo de queja en la comunidad, con 69 expedientes, el 33,2% del total. Este incremento sitúa el fraude como el asunto más recurrente entre los usuarios riojanos, muy por encima del resto de categorías.
Del total de reclamaciones, 81 fueron admitidas a trámite, mientras que las 127 restantes no llegaron a ser analizadas por el supervisor al no cumplir los requisitos de admisión. La Rioja registra la mayor proporción de reclamaciones admitidas de España, con el 38,9% de los casos recibidos.
El segundo motivo de reclamación fueron los gastos de formalización, con 39 expedientes (18,8% del total) y una caída del 93,2%. Este descenso está vinculado a la menor llegada de quejas sobre una cuestión que había provocado una avalancha de expedientes y que, en buena parte de los casos, quedaba fuera de las competencias del organismo al estar relacionada con posibles cláusulas abusivas y la legislación general de consumo.
En tercer lugar aparecen las reclamaciones por comisiones y gastos, con 25 casos (12% del total) y un aumento del 8,7%. Les siguen las relacionadas con información y documentación, con diez expedientes (4,8%), y las relativas a demora, desatención y actuación deficiente, con nueve (4,3%), un 200% más. También hubo nueve reclamaciones relacionadas con los intereses, un 12,5% más. El resto de motivos tuvo un peso mucho menor: los productos vinculados generaron siete reclamaciones; las cancelaciones, seis; y el bloqueo, la concesión y los valores, tres en cada caso. Se registraron dos expedientes por blanqueo de capitales, desistimiento, garantías y seguros, mientras que otras categorías contabilizaron un único caso cada una.
Por productos, las tarjetas concentraron el 30,3% de las reclamaciones en La Rioja, en línea con el 31,4% del conjunto de España. El segundo lugar corresponde a cuentas, transferencias y adeudos, con el 25,5%, frente al 28,8% nacional. Los préstamos hipotecarios alcanzan el 32,2% de las reclamaciones, frente al 22,2% del conjunto del país. Los préstamos personales suponen el 6,7%, mientras que el resto de productos reúne el 5,3%.
El Banco de España recuerda que presentar una reclamación no implica que el organismo estudie necesariamente el fondo del problema. Antes debe comprobar que el expediente cumple los requisitos de admisión. Entre las causas de inadmisión se encuentra la necesidad de remitir el caso al servicio de atención al cliente de la propia entidad (18,1%). Otro 7,1% corresponde a expedientes con información incompleta y el 3,9% se trasladó a otros organismos. El resto de motivos supone el 70,9%.
El servicio de reclamaciones no funciona como un tribunal ni impone una indemnización al cliente, sino que emite una valoración sobre la actuación de la entidad
El organismo señala que el primer paso ante un problema con un producto o servicio bancario es reclamar ante el servicio de atención al cliente de la propia entidad. Si la respuesta no resulta satisfactoria o no llega dentro del plazo correspondiente, el cliente puede acudir al servicio de reclamaciones del supervisor.
El Banco de España puede analizar cuestiones relacionadas con la transparencia bancaria, la protección de los clientes y las buenas prácticas en productos como cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo o servicios de pago. Entre los ejemplos que entran dentro de sus competencias figuran el cobro de una comisión no contemplada en el contrato o determinados cambios de condiciones realizados sin la información previa necesaria.
Entre 2021 y 2024, los informes del supervisor fueron aceptados por las entidades en el 80% de los casos, lo que convierte esta vía gratuita en una alternativa antes de acudir a los tribunales.

