El ministro de Hacienda, Arcadi España, reclama cautela ante una posible modificación de la ley de contratos públicos que permita trasladar las subidas del SMI a los contratos intensivos en mano de obra. El Gobierno sigue analizando la evolución de estos contratos.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido "prudencia" para abordar una posible modificación de la ley de contratos públicos que permita trasladar el incremento de costes derivado de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en sectores intensivos en mano de obra. La petición la hizo durante su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PNV María Dolores Etxano, según publica infobae.com.
Etxano reclamó al Ejecutivo más flexibilidad en los contratos de servicios del sector público para afrontar las subidas salariales derivadas del SMI y de los convenios colectivos. "Hay contratos de servicios en los que la mano de obra constituye el principal componente del coste y cuando durante su ejecución esos costes aumentan por una subida del salario mínimo o la negociación colectiva, el actual sistema de revisión de precios no ofrece una respuesta adecuada", expuso la senadora.
El ministro reconoció que la parte salarial tiene un "impacto fundamental" en el coste de esas empresas, pero insistió en la necesidad de cautela ante una modificación que plantea "dudas" desde el punto de vista "de la oportunidad, eficiencia y equidad".
"La contratación pública no puede convertirse en una isla, en un espacio diferente al resto (...) esto generaría un trato diferente entre las empresas que contratan con la Administración y el conjunto de empresas que operan en el mercado. Además, tenemos que preservar la seguridad jurídica, la igualdad entre licitadores", ha argumentado España.
Durante la negociación del salario mínimo de este año se llegó a plantear cambios en la ley de desindexación como forma de compensar a las empresas más afectadas por las subidas del SMI, una reivindicación compartida por patronal y sindicatos, pero que finalmente no salió adelante por la oposición del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno, ha concluido España, "seguirá analizando la evolución de estos contratos y las dificultades que tienen".
En otro orden de cosas, sobre la implantación del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu, el titular de Hacienda ha defendido que se trabaja para hacer una implantación "gradual, coordinada y cuidadosa" con las pequeñas y medianas empresas (pymes). El Gobierno decidió posponer un año la entrada en vigor del reglamento Verifactu, que obliga a empresas y profesionales a adaptar sus sistemas informáticos de facturación para avanzar en la lucha contra el fraude, hasta el 1 de enero de 2027 para quienes tributan por el impuesto sobre sociedades y hasta el 1 de julio de ese año para el resto.
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