domingo, 22 de noviembre de 2026

diarioempresas

IBEX 3518.873,10▼ -1,63%EuroStoxx 505941,95▼ -2,81%S&P 5006910,39▼ -3,70%€/$1,0975▲ +0,02%Brent89,95▲ +0,57%Bitcoin55.367▲ +1,05%
Última hora

Un abogado del TJUE cuestiona la tesis de España para no pagar laudos renovables

Un dictamen no vinculante del abogado general del TJUE cuestiona el argumento de España para no pagar laudos por las renovables, con un caso que ronda los 2.367 millones.

Álvaro Sáez Ferrer
Álvaro Sáez Ferrer
· 2 min de lectura

Athanasios Rantos cuestiona que las indemnizaciones a inversores sean ayudas de Estado, un argumento clave de España para no pagar laudos renovables.

Según publica pressdigital.es, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos, ha emitido un dictamen no vinculante que cuestiona uno de los argumentos con los que el Gobierno español y la Comisión Europea frenan el cumplimiento de laudos arbitrales. El documento se publicó este jueves y se refiere al caso Micula, un procedimiento relacionado con Rumanía.

Rantos sostiene que reparar económicamente el perjuicio de un inversor tras un cambio regulatorio no equivale automáticamente a una subvención incompatible con el mercado interior. Añade que esa distinción también es aplicable a los tribunales arbitrales internacionales, de acuerdo con fuentes de los fondos acreedores que adquirieron los derechos de representación y de cobro frente a España.

El dictamen supone un revés para el Ejecutivo, que había invocado la jurisprudencia del caso Micula para bloquear el abono de cerca de treinta condenas por los recortes retroactivos a las primas renovables. La factura pendiente asciende a 2.367 millones de euros.

Rantos también desestima el recurso de casación adhesiva presentado por España, que negaba que los inversores tengan interés legítimo para recurrir ante la justicia comunitaria las decisiones de Bruselas que bloquean la ejecución de sus laudos.

Las mismas fuentes consideran que el razonamiento pone en entredicho la decisión de marzo de 2025 con la que la Comisión Europea prohibió a España pagar 101 millones de euros del caso Antin, ya que se apoya en el precedente rumano que el abogado general pide anular en su artículo 1. Además, proyecta dudas sobre la investigación formal que Bruselas abrió en agosto contra el pago de 32,95 millones de euros a la firma japonesa JGC Holdings.

Para los fondos acreedores, las conclusiones debilitan la posición española en los embargos y procesos de ejecución abiertos en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, donde el Ejecutivo se amparaba en la prohibición de Bruselas para frenar las reclamaciones.

La sentencia definitiva corresponderá ahora a los jueces del TJUE, que decidirán si cae de forma permanente uno de los principales argumentos legales de España para no cumplir los laudos arbitrales.

Álvaro Sáez Ferrer

Escrito por

Álvaro Sáez Ferrer

Redactor

Economista por ICADE y una de las pocas personas que disfruta leyendo la ley de presupuestos. Cafetero, padre a tiempo completo y azote de la letra pequeña; en Diario Empresas escribe de economía y fiscalidad.