La Comisión Europea propone un reglamento que permitirá a ayuntamientos y comunidades restringir alquileres de corta duración si acreditan un perjuicio previo de al menos tres años sobre el acceso a la vivienda.
Las administraciones españolas que quieran limitar los pisos turísticos tendrán que demostrar antes, con datos verificables, que esa actividad ha perjudicado la disponibilidad o la asequibilidad de la vivienda durante al menos los tres años anteriores a la restricción. Es una de las condiciones que fija la propuesta de Reglamento de Vivienda Asequible presentada por la Comisión Europea el 9 de septiembre, según publica La Provincia.
El texto no impone un tope al precio del alquiler residencial. Su objetivo es crear un marco jurídico común para que el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan intervenir en zonas donde la vivienda se ha convertido en un problema sin chocar con las normas europeas del mercado interior.
La propuesta permite tres vías de actuación: restringir los alquileres de corta duración, actuar sobre viviendas vacías y limitar determinados usos no residenciales de los inmuebles. En los tres casos, las medidas solo podrán aplicarse cuando exista una situación de presión sobre el mercado.
No bastará con acreditar que una ciudad tiene problemas de vivienda. La administración deberá justificar la relación entre la actividad que quiere limitar y el deterioro del acceso a la vivienda, y demostrar que no existe otra medida menos restrictiva que logre el mismo resultado en un plazo razonable. Una prohibición total de los pisos turísticos, por tanto, queda como la opción más intensa y tendría que superar ese análisis de necesidad y proporcionalidad.
La propuesta afecta de lleno a los municipios canarios, donde la presión turística sobre el alquiler residencial es elevada. El reglamento permitiría a los ayuntamientos establecer medidas sobre los alquileres de corta duración que no se desarrollen en la vivienda habitual del anfitrión, lo que abre la puerta a limitar los pisos de uso turístico en zonas tensionadas.
El texto aún debe seguir su tramitación en las instituciones europeas antes de entrar en vigor. Hasta entonces, las administraciones locales no podrán aplicar restricciones amparadas en este nuevo marco.
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