No hay una cifra exacta de trabajadores que cobran el salario mínimo. El Gobierno los cuantifica en 2,7 millones y CCOO en dos millones.
No existe una cifra oficial única sobre cuántos trabajadores cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) en España. Según recoge THE OBJECTIVE, el Gobierno estima 2,7 millones de trabajadores que perciben ese importe, mientras que CCOO reduce la cifra a dos millones de empleados.
La diferencia procede de la base de cálculo. El sindicato atribuye un 10% de los asalariados al SMI, una proporción inferior a la que maneja el Ejecutivo. Organizaciones como USO y Randstad Research, más críticas con el poder político, también sitúan su estimación por debajo de la del Gobierno.
«Se puede ganar empleo y subir el salario mínimo interprofesional al 75%», dijo Pedro Sánchez en su cara a cara con Feijóo.
Los analistas consultados consideran muy complejo fijar una cifra exacta. Una fuente sitúa el colectivo en torno al 17% y señala que en numerosos convenios la escala más baja se referencia a múltiplos del SMI, como 1,1 veces el salario mínimo, por lo que cientos de miles de trabajadores quedarían fuera de las estimaciones de CCOO y del Gobierno.
Si se toman como válidos los 2,7 millones del Ejecutivo, el porcentaje sería del 11,8% sobre los 22,85 millones de ocupados, o del 13,6% sobre el total de asalariados. La cifra de CCOO solo tiene en cuenta el empleo a jornada completa y con empleo principal, aunque la subida también afecta a los trabajadores a tiempo parcial y a los pluriempleados.
Las cuantías de 2026 son 42,87 euros por jornada diaria, 1.286 euros al mes en 14 pagas, o 1.500,33 euros al mes en 12 pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales. Los eventuales y temporeros cobran 60,88 euros por jornada, durante un máximo de 120 días, y las empleadas del hogar por horas en régimen externo, al menos 10,06 euros por hora efectivamente trabajada.
Según el Banco de España, en uno de los años de mayor subida del SMI se dejaron de crear unos 100.000 puestos de trabajo. Randstad Research prevé para el próximo año un impacto negativo de entre 41.000 y 63.000 empleos.

