Los sindicatos CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas para este otoño, la primera desde 2012. La protesta exige salarios dignos y vivienda asequible y deberá celebrarse antes del 13 de noviembre para no coincidir con la campaña electoral.
CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño, la primera en España desde 2012. El anuncio, realizado este lunes en un comunicado conjunto, según publica Infobae, reclama salarios que permitan acceder a una vivienda digna y se produce pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
La convocatoria aún debe ser ratificada por los máximos órganos de dirección de ambos sindicatos y no tiene fecha definitiva. La jornada de paro se organizará junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales, y estará vinculada al derecho a la vivienda, los salarios y el precio de los alquileres. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha descartado que la huelga coincida con la campaña electoral, por lo que deberá celebrarse antes del 13 de noviembre.
El origen inmediato de la protesta es el rechazo del Congreso de los Diputados la semana pasada a los dos reales decretos-leyes sobre vivienda propuestos tras las movilizaciones en todo el país.
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga "para la defensa de sus intereses", pero al no haberse aprobado la ley orgánica que lo desarrolla, la norma vigente sigue siendo el Real Decreto-ley 17/1977, anterior a la propia Constitución.
Esa norma garantiza varias protecciones. La adhesión es voluntaria y la empresa no puede presionar en ningún sentido. Durante la jornada de paro, el contrato queda suspendido, no extinguido: el trabajador no cobra las horas no trabajadas, pero conserva su puesto y su antigüedad. La legislación prohíbe el despido o cualquier sanción disciplinaria por participar en una huelga legal, así como sustituir a los huelguistas por otros trabajadores contratados una vez iniciado el conflicto.
La autoridad gubernativa puede fijar servicios mínimos en sectores como sanidad, transporte o seguridad, siempre que sean proporcionados y no vacíen de contenido el derecho. Los trabajadores asignados a esos servicios sí están obligados a acudir a su puesto.
El artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977 declara ilegal la huelga por motivos ajenos al interés profesional, pero el Tribunal Constitucional, en la sentencia STC 11/1981, avaló la prohibición de la huelga puramente política y admitió la llamada huelga mixta, que combina reivindicaciones políticas y laborales. Bajo ese criterio, protestar contra una decisión del Gobierno que repercute en las condiciones de los trabajadores no se considera huelga política.
En el plano reivindicativo, los sindicatos plantean para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incrementos salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión. Además, el "Decálogo por el derecho a la vivienda" exige un pacto social, la limitación de los precios del alquiler, la creación de un parque público de vivienda protegida y permanente, y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
La fecha definitiva de la huelga se conocerá cuando los órganos de dirección de CCOO y UGT ratifiquen la convocatoria. Para que no coincida con la campaña electoral, la protesta debe celebrarse antes del 13 de noviembre.
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