El Gobierno colombiano ha formulado cargos a cinco operadores y a Starlink por las señales que salen de sus prisiones. Entre los expedientes figura la filial colombiana de Telefónica.
Según recoge moncloa.com, el Gobierno de Colombia ha abierto procesos sancionatorios contra cinco operadores de telecomunicaciones y contra Starlink por las señales que salen de las cárceles del país. El Ministerio de las TIC ha formulado cargos formales contra Comunicación Celular (Comcel), Colombia Telecomunicaciones, Partners Telecom Colombia, la Unión Temporal Colombia Móvil y Colombia Telecomunicaciones (Tigo) y Starlink Colombia.
El detonante fue un operativo en la cárcel de La Picota, en Bogotá, donde se requisaron 3.754 tarjetas SIM, 582 teléfonos, 38 módems y seis antenas satelitales. La Presidencia de la República difundió el comunicado el 21 de noviembre de 2026.
La obligación de los operadores no es nueva. El artículo 16A de la Ley 65 de 1993, añadido por la Ley 1709 de 2014, les exige atenuar, restringir o eliminar las señales de transmisión, recepción y control dentro de los centros penitenciarios. Según la información publicada, son los primeros procesos formales abiertos por esa vía en doce años.
Las pruebas proceden de cuatro cárceles: La Picota, Las Heliconias (Florencia, Caquetá), Bellavista (Bello, Antioquia) y Acacías (Meta). El Centro de Monitoreo e Inspección del Ministerio detectó redes wifi activas de Starlink y cobertura móvil en zonas donde no debía haberla. El expediente examina si hubo una omisión técnica, no si se cometió un delito.
“Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida”.
Así se pronunció el presidente Abelardo De La Espriella desde su cuenta de X, donde añadió que quien incumpla sus obligaciones “deberá responder ante la ley”.
Colombia Telecomunicaciones es la filial colombiana de Telefónica, que opera en el país con la marca Movistar. La Unión Temporal Colombia Móvil y Colombia Telecomunicaciones también aparece en la lista, de modo que dos de los cinco expedientes afectan a la misma compañía española.
Las empresas pueden alegar que bloquear frecuencias exige autorización estatal, que la interferencia alcanza a viviendas y hospitales cercanos y que el control del perímetro corresponde al Estado. El presidente recordó que en el caso intervienen también el Inpec y el Ministerio de Justicia.
Para Telefónica, el expediente supone una posible sanción económica y la eventual obligación de instalar o financiar equipos de bloqueo en las zonas donde opera. La fuente no indica plazos para resolver los procesos ni cuantías de las posibles multas.

