El Estado controla diez cotizadas, siete en el Ibex, con participaciones que suman unos 50.000 millones. Las elecciones del 29 de noviembre determinarán quién dirige la SEPI y las principales empresas públicas.
El Estado es accionista de diez compañías cotizadas, siete de ellas en el Ibex 35, con participaciones que suman alrededor de 50.000 millones de euros a precios de mercado. Ese mapa de poder empresarial se decide en las urnas del 29 de noviembre, según publica merca2.es.
En el centro de ese entramado está la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Gobierno adscrito al Ministerio de Hacienda y presidido por Belén Gualda desde marzo de 2021. Su mandato depende directamente del poder político: la nombra el Gobierno mediante real decreto. La SEPI no solo controla empresas al 100%, sino que también autoriza, a propuesta de su presidencia, el nombramiento de los consejeros que representan al holding en sus participadas.
En Telefónica, Carlos Ocaña ejerce de consejero y vicepresidente; en Redeia, el asiento estatal lo ocupa José Luis Navarro; en Enagás, la voz de la sociedad estatal es Bartolomé Lora. Indra tiene a la SEPI como primer accionista con el 28% del capital, mientras que en Telefónica el Estado controla el 10%.
Cuando el Estado sostiene una posición accionarial relevante, su influencia sobre las cúpulas va mucho más allá de cobrar dividendos.
Dos episodios ilustran ese mecanismo. El 17 de enero de 2025, José María Álvarez-Pallete acudió al complejo gubernamental y, al día siguiente, un consejo extraordinario puso fin a casi nueve años de presidencia para nombrar a Marc Murtra. El relevo se produjo después de que el Estado alcanzara el 10% de la operadora y la propia compañía lo vinculó a su nueva estructura accionarial. En Indra, Ángel Escribano dimitió el 1 de abril tras las presiones recibidas en plena crisis por la eventual integración de su empresa familiar en el gigante de defensa; la SEPI, primer accionista, había expresado su preocupación por el conflicto de interés y fue sustituido por Ángel Simón. En 2021 el holding estatal ya impulsó la salida de Fernando Abril-Martorell de Indra.
El patrón se repite en otras compañías. En Red Eléctrica, Jordi Sevilla dimitió en 2020 alegando restricciones externas sobrevenidas tras meses de fricciones regulatorias. En Aena, Maurici Lucena llegó a la presidencia apenas mes y medio después de la moción de censura de 2018. Desde que la SEPI reforzó su posición en Indra y entró en Telefónica, ambas compañías han acumulado cerca de un centenar de movimientos entre altos cargos y consejeros.
El precedente más elocuente es el de 2018. Siete semanas después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el 19 de julio, el consejo de la SEPI aprobó de una tacada el relevo de ocho presidentes de empresas públicas: Correos, Navantia, Tragsa, Hunosa, Enusa, EFE, Saeca y Cetarsa. Varios de los nombrados aquel verano continúan hoy en el puesto.
El futuro Ejecutivo no podrá renovar de inmediato las cúpulas de los principales organismos económicos. La CNMC, con Juan José Ganuza al frente, mantendrá a su consejo hasta 2032 y tendrá sobre la mesa expedientes sensibles: la investigación a seis bancos cotizados por sus políticas de hipotecas a tipo fijo y las piezas por el apagón de 2025. La CNMV, encabezada por Carlos San Basilio hasta 2030, marcará el ritmo de las grandes operaciones de concentración. El Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá hasta 2030, será el principal altavoz de supervisión fiscal. El Consejo de Seguridad Nuclear será clave en el debate sobre la continuidad de las nucleares más allá de 2030, con mandatos hasta 2031.
La convocatoria electoral deja decisiones estratégicas abiertas: Indra presentará su nueva hoja de ruta el 25 de noviembre, cuatro días antes de las urnas, mientras Telefónica ejecuta su plan Transform & Grow 2026-2030.
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