El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha descartado reabrir la investigación penal contra el expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell por los sobrecostes de la remodelación de la sede del banco central. El informe del Inspector General no aprecia delito, aunque señala errores de planificación.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha descartado reabrir la investigación penal contra el expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell por los sobrecostes de la remodelación de la sede del banco central en Washington D.C., según publica lideractual.es. La decisión pone fin a meses de especulaciones sobre una posible causa penal contra quien dirigió la política monetaria estadounidense hasta mayo.
El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando la Fed aprobó la renovación de sus sedes principales, los edificios Marriner S. Eccles y Rayburn, con un presupuesto inicial de 1.300 millones de dólares. Los problemas en las cadenas de suministro tras la pandemia, la inflación acumulada y varias modificaciones sobre la marcha elevaron la factura hasta 2.400 millones de dólares, un incremento del 84,6%.
Esa desviación de más de 1.100 millones de dólares derivó en un expediente de supervisión de la Oficina del Inspector General de la Fed. Sus conclusiones, según el Departamento de Justicia, no aprecian pruebas de fraude ni de conducta delictiva por parte de Powell.
"No vamos a reabrir una investigación penal contra él"
Blanche confirmó esa decisión en una entrevista con Bloomberg, donde se mostró satisfecho con el rigor del dictamen. El informe sí identifica una cadena de errores de planificación y deficiencias en la gestión del proyecto, y el fiscal general reprochó a Powell una supervisión "inadecuada" del contrato.
El Departamento de Justicia mantiene abierta la puerta a actuar si la auditoría externa encargada por la nueva cúpula de la Reserva Federal detecta conducta delictiva: "Si esa revisión descubre algo que constituya algún tipo de conducta delictiva, lo investigaremos".
El carpetazo a la vía penal llega en un contexto de fricciones entre la Administración estadounidense y la Fed durante el mandato de Powell, con presiones políticas para forzar bajadas rápidas de los tipos de interés que chocaron con la defensa de la independencia del organismo. La gestión saliente de la política monetaria queda así desvinculada de responsabilidades penales, y el asunto del sobrecoste se traslada al ámbito de la supervisión administrativa y presupuestaria.
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