Un pago de 23.417,43 euros en lugar de 23.417,47 dejó sin saldar cuatro céntimos y le impidió acogerse al recargo del 5%. El caso figura en la Memoria de 2025 del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Un error de cuatro céntimos en un pago a la Agencia Tributaria ha terminado en un recargo superior a 4.000 euros para un contribuyente. El caso, recogido en la Memoria de 2025 del Consejo para la Defensa del Contribuyente, según publica Líder Actual, se remonta a una declaración de 2023.
El contribuyente debía ingresar el modelo 111, que recoge las retenciones del IRPF del tercer trimestre de 2023, por una deuda de 23.417,47 euros. No pagó dentro del plazo ni pidió un aplazamiento o fraccionamiento, de modo que la deuda pasó al periodo ejecutivo, aunque Hacienda todavía no había enviado la providencia de apremio.
Al intentar saldarla, introdujo 23.417,43 euros. Esa diferencia de cuatro céntimos impidió considerar la deuda pagada en su totalidad, por lo que no pudo acogerse al recargo ejecutivo del 5%, que sí habría podido aplicar si hubiera ingresado el importe completo antes de recibir la notificación de apremio.
La ley General Tributaria fija tres recargos según el momento del pago: el ejecutivo del 5%, equivalente a 1.170,87 euros sobre esa deuda; el de apremio reducido del 10%, de 2.341,75 euros, y el de apremio ordinario del 20%, de 4.683,49 euros, que además lleva intereses de demora. El Consejo señala que el error provocó un recargo superior a 4.000 euros, aunque su memoria no precisa la cantidad final exigida.
El afectado presentó una queja, registrada con el número 825-2024. El Consejo reconoce que la Agencia Tributaria aplicó la normativa tal como está redactada, pero considera que la ley no contempla un margen de tolerancia para diferencias aritméticas tan pequeñas, y que existe una desproporción clara entre los cuatro céntimos impagados y las consecuencias económicas.
Para evitar casos similares, el Consejo ha trasladado a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la dirección de la Agencia Tributaria una propuesta de criterios de proporcionalidad aplicables cuando el importe pendiente sea mínimo y proceda de errores aritméticos o materiales evidentes. Como referencia, plantea el umbral de tres euros que ya existe en algunos procedimientos de anulación de deudas de escasa cuantía.
El organismo también compara los recargos por presentar una autoliquidación fuera de plazo sin requerimiento previo, que van del 1% al 15% según el retraso, con los de las deudas en periodo ejecutivo, que pueden llegar al 20%. Se trata de una recomendación dirigida a Hacienda y no de una modificación legal aprobada, por lo que, por ahora, la normativa vigente sigue aplicándose tal cual.

