La Comisión Europea considera la ausencia de cuentas públicas un asunto interno y evita reprochar al Gobierno español, que acumula cuatro años sin presentar un proyecto presupuestario.
La Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado en España. Una fuente de Bruselas ha admitido a THE OBJECTIVE que, aunque existe inquietud, «para la Comisión es un tema interno» en el que «no puede entrar».
El Gobierno de Pedro Sánchez incumplió el pasado miércoles, por cuarto año consecutivo, su obligación constitucional de llevar a las Cortes un proyecto de cuentas públicas, una situación sin precedentes en la Unión Europea. La prórroga presupuestaria se ha ido renovando mediante normas excepcionales aprobadas durante la pandemia de covid, lo que en la práctica ha privado al Poder Legislativo de una de sus funciones principales.
Las nuevas reglas fiscales de 2024 obligan a los Gobiernos nacionales a presentar planes estructurales y a cumplir con la senda de gasto aprobada por la UE. Este mecanismo no eliminó la necesidad de presentar el borrador de Presupuestos, pero el Ejecutivo ha ido prorrogando las cuentas de 2023. La fuente comunitaria consultada califica este proceder de «claramente inconstitucional», ya que la prórroga solo está permitida una vez que el Congreso rechaza la propuesta, algo que ni siquiera ha sucedido.
El observador europeo señala que la presidenta Ursula von der Leyen y su equipo «deberían ser mucho más duros», pero actúan «con mucho cuidado, por lo menos en público» para «no despertar a los mercados». Las críticas sí han aparecido en el informe europeo sobre las previsiones económicas del Gobierno, que se basan en asunciones de un presupuesto prorrogado desde 2023, y en el informe sobre el Estado de derecho, que menciona una «falta de acuerdo sobre un nuevo Presupuesto en el Parlamento».
«A Bruselas se le enviaba un borrador de Presupuestos y se ha acabado suprimiendo la obligación porque lo que se presentaba era nada y menos: todo el mundo ha acabado aceptando que España no presente Presupuestos», lamenta Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y expresidente de la comisión presupuestaria del Congreso.
De la Torre advierte de que «por encima de todo, hay un problema de control democrático» y recuerda que «los Parlamentos se crearon para controlar los gastos de las monarquías». «No es que el Congreso los haya rechazado, es que no se han presentado. Es un problema democrático, porque los Presupuestos en vigor, a base de prórrogas, vienen aprobados por unas Cortes disueltas, que ya no representan a los españoles, por una norma de la pandemia y otra de un decreto ley», añade. Califica el mecanismo actual de «chapuza» y denuncia el «poco control» y el «oscurantismo» con el que «se mueve el dinero entre sitios» mediante decisiones del Consejo de Ministros. También avisa de que, con el deterioro de la coyuntura económica mundial y el fin de los fondos Next Generation, la no aprobación de cuentas se convertirá en un problema económico más allá de su daño a la seguridad jurídica.
El doctor en Derecho y abogado fiscalista Esaú Alarcón considera que se trata de «un ejemplo más de la deriva iliberal en la que va el país, de pérdida de derechos y de democracia». Alarcón culpa en parte al Tribunal Constitucional, que flexibilizó su interpretación sobre esta materia cuando se produjo un retraso sobre la fecha límite del 30 de septiembre. «Hemos acabado en que no haya Presupuestos y con decretos ley para urgencias de extrema necesidad. Se ha pervertido la tramitación legislativa», asegura. Explica que durante la pandemia se introdujo un precepto en la Ley General Presupuestaria que permitió cambiar partidas de una parte a otra, una alteración que «se ha ido prorrogando año tras año». Para Alarcón, «Bruselas calla ahora y no calló con Rajoy porque con Rajoy faltaban 2.500 millones de euros y no había dinero público», lo que provocó la llegada de los hombres de negro, que solo se activan «cuando un Estado está fallido».
La prórroga presupuestaria se mantiene a la espera de que el Gobierno decida si presenta un nuevo proyecto de cuentas o continúa con la prórroga de 2023, sin que Bruselas haya fijado plazo alguno para pronunciarse.
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