La Mutualidad de Procuradores pide al Gobierno aprobar el reglamento de la pasarela al RETA antes del 29 de noviembre. La norma afecta a más de 150.000 profesionales y su plazo legal expira a finales de octubre.
La Mutualidad de Procuradores reclama al Gobierno que apruebe cuanto antes el reglamento de la pasarela al RETA, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según publica canariasdiario.com, la entidad considera que el real decreto es la pieza que falta para que los mutualistas puedan trasladar sus derechos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, tal y como prevé la Ley 2/2026, en vigor desde el 1 de agosto.
La ley dio al Ejecutivo un plazo de tres meses para fijar por vía reglamentaria cómo se transferirán los fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social y cómo se convertirán las aportaciones en periodos cotizados. Ese plazo vence a finales de este mes. El proyecto todavía debe pasar por audiencia pública y por el dictamen del Consejo de Estado, por lo que es difícil que se cumpla.
Aún hay margen si se aplica la tramitación urgente, que reduce la audiencia a siete días hábiles y fija un máximo de quince días para el dictamen. El próximo Consejo de Ministros, el martes 20 de octubre, es la ocasión señalada para dar ese impulso.
La Mutualidad de Procuradores insiste en la necesidad de dar seguridad a los afectados:
Los mutualistas necesitan certidumbre. Pedimos al Gobierno actual, y al que salga de las urnas, que el reglamento de la pasarela al RETA se trate como una cuestión de Estado y no se vea afectado por el cambio de ciclo político.
El Gobierno conserva plenas funciones hasta la jornada electoral. Tras el 29 de noviembre, un Ejecutivo en funciones no podrá presentar proyectos de ley, pero sí aprobar reglamentos. La entidad advierte de que la interinidad suele frenar la coordinación entre ministerios y la emisión de dictámenes del Consejo de Estado. Si el reglamento no sale antes de las urnas, no decae, pero su aprobación quedaría aplazada hasta que se forme nuevo Gobierno.
La reivindicación lleva más de tres años sobre la mesa y afecta a más de 150.000 profesionales. Quienes están más cerca de la edad de jubilación son los más expuestos, porque sin reglamento no saben cómo se materializará el traslado de sus fondos ni pueden decidir con datos si les conviene acogerse.
La entidad ya advirtió durante la tramitación parlamentaria de que la eficacia de la pasarela dependerá del desarrollo reglamentario. Cinco meses después, ese desarrollo sigue pendiente.
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