Los sindicatos CC OO y UGT han acordado respaldar una huelga general de 24 horas este otoño, la primera conjunta desde 2012, centrada en el derecho a la vivienda y salarios dignos. La patronal CEOE la considera "difícilmente justificable" en pleno proceso electoral.
CC OO y UGT han decidido seguir adelante con la convocatoria de una huelga general de 24 horas este otoño, a pesar del malestar expresado por la patronal CEOE. La protesta, que aún no tiene fecha concreta, se centrará en la reivindicación del derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla, según han confirmado ambas centrales sindicales. Será la primera huelga general respaldada por los dos grandes sindicatos desde 2012.
La información, avanzada por mundiario.com, señala que la movilización surge tras las protestas por el acceso a la vivienda, especialmente a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años en el barrio de Retiro de Madrid, que después llegó a un acuerdo con la empresa propietaria Urbagestión. El caso se convirtió en símbolo de un problema que ha generado manifestaciones y acampadas en varias ciudades.
Los sindicatos pretenden celebrar el paro antes del inicio de la campaña electoral del 29-N, que arranca el 13 de noviembre. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que noviembre sería un momento razonable, pero ha descartado que la huelga coincida con la campaña. La fecha definitiva se acordará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, y no se descarta que la jornada combine un paro general con movilizaciones y paros parciales en determinados sectores o territorios.
"Llevamos tiempo denunciando que los salarios no dan para vivir. Que la vivienda se come cualquier subida salarial. Así no podemos seguir. Por eso, de acuerdo con los Sindicatos de Inquilinas, convocamos Huelga General".
La CEOE ha calificado la huelga de "difícilmente justificable" e "inadmisible" en pleno proceso electoral, y cuestiona que las reivindicaciones sean esencialmente laborales. Su presidente, Antonio Garamendi, sostiene que el conflicto se refiere a decisiones legislativas y presupuestarias sobre vivienda que corresponden a las administraciones públicas y no a las empresas. La patronal advierte de que en España están prohibidas las huelgas que no tengan reivindicaciones laborales y obedezcan a cálculos políticos, aunque precisa que su valoración no es definitiva porque la convocatoria aún no tiene fecha ni preaviso formal.
Los sindicatos defienden que la vivienda está directamente vinculada a los intereses de los trabajadores y que si los salarios no permiten afrontar el coste del alquiler, existe un problema laboral. El anuncio es el inicio de un proceso que deberá culminar con la convocatoria formal, el correspondiente preaviso y la definición de los servicios mínimos.
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