La vivienda pública representa el 1,5% del parque residencial en España, frente al 7,1% de media en la OCDE. El Gobierno impulsa Casa 47 y un plan estatal de 7.000 millones para ampliar la oferta asequible.
La vivienda pública en España supone alrededor del 1,5% del parque residencial, una proporción cinco veces inferior al 7,1% de media entre los países de la OCDE. Así lo recoge el Banco de España en un informe del que se hace eco murciaeconomia.com, que sitúa a España entre los países europeos con menor parque público de vivienda.
La comparación con los principales socios comunitarios deja al descubierto la brecha: Reino Unido alcanza el 16,4% de vivienda pública sobre el total residencial, mientras que Francia ronda el 14%. Muy por debajo quedan Alemania, con un 2,6%, y Portugal, con un 1,1%.
El Gobierno español ha activado varios instrumentos para elevar la oferta asequible. El principal es Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda y suelo que incorporará parte del patrimonio procedente de la Sareb y terrenos públicos para desarrollar nuevos proyectos residenciales.
A ello se suma el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, cuyo objetivo es apoyar a comunidades autónomas y ayuntamientos en la ampliación del parque asequible y social. Esta misma semana, el Ejecutivo ha aprobado nuevas medidas, entre ellas fondos para vivienda social, la incorporación de inmuebles públicos a Casa 47 y nuevos mecanismos de financiación.
El modelo francés es uno de los más desarrollados de Europa. Determinados municipios están obligados a garantizar que al menos el 20% de su parque residencial sea social, porcentaje que puede elevarse hasta el 25% en ciudades con mayor presión inmobiliaria.
En Reino Unido, el parque público supera ampliamente al español, pero la demanda sigue siendo elevada: alrededor de 1,34 millones de hogares permanecen en lista de espera para acceder a una vivienda social. El Gobierno británico prevé construir 1,5 millones de viviendas en Inglaterra durante la legislatura y ha puesto en marcha un programa de ayudas de 39.000 millones de libras hasta 2036.
Viena es otro de los casos más citados. El Ayuntamiento de la capital austriaca es propietario de unas 220.000 viviendas, a las que se suman otras 200.000 construidas con subvenciones públicas y gestionadas por cooperativas. El resultado es que alrededor del 60% de la población vive de alquiler. Finlandia también ha desarrollado modelos de alquiler protegido y fórmulas intermedias entre alquiler y propiedad.
La experiencia europea muestra que un mayor parque social no elimina por sí solo los desequilibrios. Países Bajos arrastra un déficit estimado de 384.000 viviendas pese a su amplio parque protegido. Alemania tenía algo más de un millón de viviendas sociales a finales de 2024, aproximadamente la mitad que en 2006. En ciudades como Múnich, Berlín, Milán, Florencia o Roma, el alquiler sigue absorbiendo una parte elevada de los ingresos familiares.
La Comisión Europea ha situado por primera vez la vivienda entre sus grandes prioridades económicas y sociales. Bruselas estima un déficit anual de inversión de unos 150.000 millones de euros para responder a las necesidades de vivienda asequible y sostenible en la UE, y prepara una plataforma europea para movilizar financiación pública y privada. Entre las actuaciones previstas figuran alrededor de 10.000 millones adicionales de inversión a través de InvestEU durante 2026 y 2027, además de la posibilidad de reorientar fondos de cohesión hacia vivienda.
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