La presidencia irlandesa del Consejo plantea reducir un 8% el marco financiero comunitario, hasta 1,62 billones, con ajustes en competitividad, defensa y acción exterior. Agricultura y cohesión se mantienen estables.
La presidencia irlandesa del Consejo de la UE ha remitido a los Veintisiete una propuesta para recortar 141.000 millones de euros el presupuesto comunitario del periodo 2028-2034. La cifra supone un ajuste cercano al 8% respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea y dejaría las cuentas en aproximadamente 1,62 billones de euros, según ha adelantado murciaeconomia.com.
El documento, que todavía no es un acuerdo, servirá como nueva base de negociación entre los gobiernos europeos y requerirá el consentimiento del Parlamento Europeo antes de convertirse en el marco financiero que regirá el gasto comunitario durante siete años.
La reducción se aplica sobre el presupuesto diseñado por Bruselas, que ascendía a 1,76 billones de euros a precios constantes de 2025, equivalentes a unos 1,98 billones a precios corrientes. La diferencia responde al efecto estimado de la inflación durante el periodo presupuestario y resulta fundamental para comparar correctamente ambas propuestas.
El ajuste afecta principalmente a las políticas de competitividad, innovación, seguridad, defensa y relaciones exteriores, partidas que habían adquirido especial protagonismo en el proyecto inicial de la Comisión Europea. Bruselas proponía reforzar la autonomía estratégica de la Unión y mejorar su capacidad para competir con otras grandes economías internacionales, con inversiones destinadas a investigación, nuevas tecnologías, industria, digitalización y desarrollo de capacidades de defensa, además de financiación para la cooperación con terceros países.
En cambio, las políticas tradicionales, especialmente las relacionadas con la agricultura y el desarrollo regional, conservarían una mayor estabilidad presupuestaria. Según la información adelantada sobre el documento irlandés, las partidas destinadas a agricultura y financiación regional se mantendrían en torno a los 914.000 millones de euros, mientras que el gasto administrativo también experimentaría un ajuste cercano a los 9.000 millones.
El debate presupuestario tiene especial relevancia para España y para comunidades autónomas como la Región de Murcia, cuya economía mantiene una estrecha vinculación con distintas políticas financiadas por la Unión Europea. La Política Agraria Común (PAC), los fondos de cohesión, las ayudas al desarrollo rural y los programas destinados a la innovación empresarial constituyen instrumentos importantes para la financiación de proyectos públicos y privados.
En la Región de Murcia, estas herramientas comunitarias tienen incidencia sobre sectores como la agricultura, la industria agroalimentaria, la modernización de explotaciones, la investigación y el desarrollo de infraestructuras. La propuesta de la Comisión Europea para 2028-2034 introducía además un nuevo modelo de financiación basado en planes nacionales y regionales, con el propósito de integrar diversos programas de inversión y simplificar su gestión.
Este rediseño ha generado debate sobre el grado de participación que conservarán las comunidades autónomas en la programación de los fondos y sobre el reparto de recursos entre territorios. Aunque el documento presentado por Irlanda apunta a preservar buena parte de las dotaciones destinadas a agricultura y cohesión, todavía no permite determinar cuánto dinero corresponderá a España ni qué asignación recibirá específicamente la Región de Murcia.
Las cantidades definitivas dependerán tanto del acuerdo presupuestario europeo como de las reglas de distribución y de los programas que se aprueben posteriormente.
La revisión presupuestaria llega después de meses de discrepancias entre los Estados miembros sobre cuánto debe gastar la Unión y cómo financiar sus nuevas prioridades. Alemania y otros países partidarios de una mayor disciplina fiscal han reclamado reducir las cifras planteadas inicialmente por la Comisión, al considerar que el aumento del presupuesto supondría una carga excesiva para las cuentas nacionales.
En sentido contrario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido la necesidad de mantener un presupuesto suficientemente ambicioso para afrontar los retos económicos y geopolíticos de los próximos años. El pasado 6 de octubre, Von der Leyen advirtió ante el Parlamento Europeo de los riesgos de aplicar grandes recortes, especialmente cuando la Unión pretende reforzar su competitividad, acelerar la transición energética y aumentar su capacidad de respuesta ante las crisis internacionales.
España figura entre los países que han respaldado la posición de la Comisión. El Gobierno español y otros dieciséis Estados miembros han defendido la importancia de mantener una financiación comunitaria capaz de atender tanto las nuevas prioridades como las políticas tradicionales.
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