La Comisión Europea considera que una quita de los 150 millones que Tubos Reunidos debe a la Sepi vulneraría la normativa comunitaria. La decisión condiciona las ofertas presentadas en el concurso de la siderúrgica vasca.
La Comisión Europea concluye en un informe fechado el 28 de septiembre que la Sepi no puede reducir la deuda de Tubos Reunidos sin infringir el derecho comunitario. Según publica EL CORREO, el documento fue solicitado por la Abogacía del Estado en representación de la Sepi para explorar una condonación del rescate de 150 millones concedido en 2022 desde el fondo FASEE.
El informe no es una resolución definitiva, aunque sí expresa el criterio de Bruselas sobre la situación del grupo. Recuerda que la obligación de reembolso de las ayudas concedidas bajo el Marco Temporal COVID-19 es de cumplimiento obligado para el Estado español y sus administraciones.
Según la Comisión, cualquier modificación del crédito entraría en el régimen de ayudas de Estado y quedaría fuera de la ley si no se tramita con consulta y autorización previas. Tampoco una compra de la empresa o de parte de sus negocios elimina la obligación solidaria del nuevo propietario de devolver esas ayudas.
«la modificación substancial o cancelación de una ayuda existente pudiera en sí constituir una nueva ayuda sujeta a notificación a la Comisión»
El 5 de octubre, la Abogacía del Estado remitió las conclusiones a la jueza María Teresa Trinidad, titular del juzgado de instancia número 7 de Vitoria que tutela el concurso de acreedores. El abogado del Estado advierte de que avalar la transmisión de la unidad productiva sin mantener íntegra la obligación de reembolso supondría una infracción del derecho europeo, y pide ampliar los plazos al menos un mes.
El administrador concursal, PKF Attest, seleccionó cinco ofertas que cuentan con una quita de la deuda con la Sepi. Tres de ellas, entre las que figuran las de Sidenor y un grupo indio, incluyen también Amurrio además de Trapagaran. Las otras dos se limitan a la planta vizcaína. Todas plantean recortes de plantilla y de condiciones laborales.
El administrador concursal se reunió con los sindicatos y admitió que las nóminas de noviembre y diciembre no están aseguradas.
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