Las medidas del Gobierno contra el encarecimiento de los carburantes costarán el 0,52% del PIB hasta septiembre. El FMI, la Comisión Europea y el BCE piden ayudas temporales y dirigidas.
Las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el precio de los carburantes costarán el 0,52% del PIB, según el Banco de España, que las calcula hasta septiembre. De acuerdo con El Periódico, esa estrategia choca con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), que coinciden en pedir ayudas temporales y dirigidas a los hogares vulnerables y a los sectores más afectados.
El coste equivale a una quinta parte del déficit público previsto para 2026. Alrededor del 65% de la factura corresponde a rebajas de impuestos sobre la energía, que también llegan a consumidores con más capacidad económica. El resto son subvenciones y ayudas directas a los sectores más expuestos.
El Gobierno ha prorrogado las rebajas fiscales a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, con una ayuda de 20 céntimos por litro en noviembre. El Ejecutivo busca aliviar de inmediato la factura energética de familias y empresas.
El FMI, en su revisión de la economía española de mayo, recomendó retirar las medidas de apoyo energético y reservar nuevas intervenciones para un agravamiento de la crisis. En ese caso, deberían dirigirse a transportistas, agricultores, pescadores y personas con bono social, sin distorsionar los precios.
La Comisión Europea констатó en sus previsiones de primavera que tres cuartas partes del gasto de la UE frente a la crisis energética se canalizaban mediante ayudas no focalizadas, como las rebajas fiscales a los carburantes. Bruselas reclama medidas selectivas y transitorias que mantengan los incentivos para reducir la demanda.
El BCE advirtió en su boletín de agosto de que el margen presupuestario es más estrecho que durante la crisis de 2022, tras el inicio de la guerra de Ucrania. Según sus cálculos, cerca del 60% del coste de las medidas adoptadas hasta mayo correspondía a intervenciones sobre los precios, mayoritariamente indiscriminadas.
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