La Comisión Europea considera «deseable» que España apruebe sus cuentas públicas a tiempo, pero no adoptará medidas contra el país por cuarto año sin Presupuestos Generales. Bruselas se declara no competente y deja la evaluación en manos de las instituciones españolas.
La Comisión Europea ha instado a España a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, aunque ha aclarado que no intervendrá en esta situación. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el Ejecutivo comunitario considera que no es un árbitro «competente» para evaluar el incumplimiento del mandato constitucional de presentar las cuentas públicas, que este miércoles se ha vuelto a producir por cuarto año consecutivo.
Fuentes de la Administración que preside Ursula von der Leyen han señalado que «la Comisión sigue de cerca los desarrollos presupuestarios en España, como en todos los demás Estados miembros, mientras que su foco está en evaluar el cumplimiento de las normas fiscales de la UE». En este sentido, Bruselas subraya que corresponde a las instituciones españolas evaluar el cumplimiento de las leyes nacionales y determinar las implicaciones legales de la situación actual.
«Aunque la práctica reciente de Presupuestos prorrogados aplicada por España no es contraria a las reglas fiscales de la UE, es deseable que los Estados miembros tengan un presupuesto anual adecuado, adoptado a tiempo por el Parlamento nacional»
La institución supranacional ha precisado que «todos los elementos del marco de vigilancia fiscal de la UE siguen siendo enteramente aplicables». En particular, la Comisión seguirá evaluando, en sus paquetes de primavera y otoño, si el crecimiento neto del gasto de España está alineado con las recomendaciones apoyadas en su plan estructural fiscal a medio plazo. Este enfoque prioriza el cumplimiento del techo de gasto, que focaliza los esfuerzos de control de las finanzas nacionales por parte de las instituciones comunitarias.
Otras fuentes de Bruselas han interpretado este pronunciamiento como una confirmación de que la Comisión trata la ausencia de control parlamentario del gasto público en España como «un asunto doméstico» y se limita a recibir los borradores presentados por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La posición del equipo de Von der Leyen es que recae sobre el Tribunal Constitucional, y no sobre la UE, determinar si esos Presupuestos son inconstitucionales porque no está permitido prorrogarlos sin ni siquiera presentarlos.
La pasividad de Bruselas ha sido recibida con escepticismo en España. Varias fuentes familiarizadas con las normas fiscales aplicables en el país ironizan sobre la posición de los responsables de la UE, a quienes acusan de «burócratas» y les reprochan que califiquen de «deseable» el cumplimiento de la legalidad, pero den a entender que «hay cosas mucho más importantes» que el socavamiento del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo, que por cuarta vez ha dado la espalda al Congreso de los Diputados valiéndose de una norma excepcional diseñada específicamente para la pandemia de covid.
Estos observadores atestiguan que esta situación anómala y sin precedentes en la UE supone, por encima de todo, un problema de deterioro democrático, pero, además, supone también un desafío para la seguridad jurídica y para la propia economía del país. Y es que la no aprobación de cuentas puede ser cada vez más grave a medida que los fondos Next Generation vayan llegando a su fin y la coyuntura económica global se deteriore en un contexto de escalada de precios, menor crecimiento y mayor coste de la deuda pública. Las guerras de Irán y Ucrania han destruido gran parte de la capacidad refinera mundial a una velocidad mayor de la que requiere la reconstrucción, con un impacto que puede enquistarse en los próximos meses.
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