El Gobierno no consigue sacar adelante sus dos decretos sobre vivienda. El Congreso los ha rechazado, dejando en el aire medidas sobre desahucios, alquileres y oferta asequible.
El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno. La votación, según publica tribunazamora.com, deja sin efecto las medidas que incluían sobre protección frente a desahucios, estabilidad de alquileres, oferta de vivienda asequible y distintas bonificaciones fiscales.
Los textos no han superado el trámite parlamentario. Entre los motivos del rechazo, la información subraya que las normas no incorporaban medidas dirigidas a los propietarios particulares, un colectivo que en su mayoría alquila una segunda vivienda para complementar ingresos, no para especular.
El precio de la vivienda sigue subiendo con fuerza. Al mismo tiempo, los hogares soportan una presión creciente en gastos como electricidad, alimentación y transporte, que salen del mismo salario. Para muchas familias, la vivienda compite directamente con la cesta de la compra y la factura de la luz.
La política de vivienda no puede plantearse al margen de la ordenación del territorio. Ceuta, Melilla y Canarias son ejemplos de que una vivienda no aparece por declararla asequible en el Boletín Oficial: hacen falta suelo, seguridad jurídica, infraestructuras, servicios y capacidad para ordenar el territorio. El Estado carece de una estrategia común que coordine competencias autonómicas y municipales.
Suelo, vivienda, transporte, agua, energía e infraestructuras forman parte de la misma ecuación. Una política de vivienda que ignore el precio de la energía y de los alimentos está incompleta desde el principio. La continuidad es clave: una familia no separa el alquiler o la hipoteca de la factura de la luz y de la cesta de la compra.
El debate sobre los desahucios, siendo necesario, no puede quedarse ahí. El desahucio es el último eslabón de una cadena en la que antes han intervenido el precio de la vivienda, la falta de oferta, un salario insuficiente, una separación, una enfermedad, el desempleo o una pensión que no alcanza.
"El desahucio es el síntoma, el vacío mental es la enfermedad"
La solución de fondo pasa por el empleo y los salarios. La gente no quiere que le regalen el alquiler, quiere poder pagarlo. Las ayudas son necesarias ante situaciones de vulnerabilidad, pero una política de vivienda sostenible no puede depender eternamente de la subvención. Necesita contratos, productividad, capacidad de ahorro y que trabajar vuelva a ser la vía normal para construir una vida independiente.
Mientras el Congreso tumba los decretos, sobrevuela la incógnita de la continuidad de la legislatura. Incluso si hubiera adelanto electoral, la vivienda seguiría ahí al día siguiente. Con otro Gobierno, otro Parlamento o la misma mayoría, seguiría faltando vivienda donde más se necesita y seguiría siendo necesario decidir cuánto se construye, dónde, para quién y con qué servicios.
España necesita una política de vivienda que dure más que un decreto y que entienda que la casa empieza mucho antes de abrir la puerta de una vivienda.
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