La Fiscalía Europea investiga la gestión de fondos Next Generation en contratos de ADIF para la línea Madrid-Sevilla. Uno de los expedientes, adjudicado a Thales España por 77,5 millones de euros, está en el foco.
Según publica labandera.es, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido al Tribunal de Cuentas para recopilar documentación en las diligencias abiertas por un posible fraude con fondos europeos. La investigación, impulsada por la Fiscalía Europea, pone el foco en varios contratos de ADIF vinculados a la modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
El 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea anunció la apertura de una investigación de oficio por el posible uso fraudulento de fondos Next Generation. Las pesquisas incluyen actuaciones en las sedes de ADIF, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y del propio Tribunal de Cuentas. Según el mismo planteamiento, la investigación se centra en inversiones del tramo donde se produjo el accidente de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre.
Uno de los expedientes examinados es el contrato adjudicado a Thales España por 77,5 millones de euros sin IVA, que con el impuesto asciende a 93 millones. El objeto era renovar la señalización de la línea, implantar el sistema europeo de protección ferroviaria ERTMS y actualizar las telecomunicaciones fijas.
El Tribunal de Cuentas revisó en un informe aprobado el 18 de diciembre de 2025 un total de 194 expedientes financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esa muestra suponía el 66,9 % de los contratos declarados y el 95,6 % del importe adjudicado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Entre esos expedientes figuraba el contrato de Thales. El Tribunal identificó seis procedimientos en los que no pudo acreditar suficientemente la capacidad de representación de quienes firmaron documentos exigidos para justificar las condiciones de financiación europea. La advertencia se refiere a la documentación administrativa y a los poderes de los firmantes, no a la ejecución de las obras ni a una prueba de fraude en la adjudicación.
El expediente, con referencia 3.20/20810.0063, se adjudicó en octubre de 2021 con una baja del 28,5 % sobre el presupuesto de licitación. ADIF pidió inicialmente explicaciones a la empresa por considerar la oferta en situación de baja anormal. El plazo previsto era de 52 meses: cuatro para redactar el proyecto y 48 para ejecutarlo.
En sus alegaciones, ADIF reconoció que los representantes que firmaron determinados documentos de este contrato y de otro expediente adjudicado también a Thales no constaban en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) con poderes suficientes. La entidad indicó que había pedido corregir esas deficiencias, pero el informe definitivo mantuvo ambos casos entre los seis no verificados.
Los investigadores quieren determinar ahora si las personas que suscribieron la documentación vinculada a los fondos europeos tenían las facultades legales necesarias para hacerlo. El Tribunal de Cuentas no ha declarado que esas firmas fueran falsas.
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