El pleno del Parlamento de Cataluña ha acordado tramitar una proposición de Junts que fija un salario mínimo de referencia catalán, de unos 1.400 euros. La iniciativa pasa ahora a comisión.
El pleno del Parlamento de Cataluña ha acordado tramitar una proposición de ley de Junts que establece un salario mínimo de referencia catalán. Según recoge Infobae, la norma se aplicaría mediante la negociación colectiva en el sector privado y tendría efecto directo en la Administración catalana.
La propuesta sitúa el salario mínimo de referencia en torno a los 1.400 euros y la votación salió adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo PP y Vox, que habían presentado enmiendas a la totalidad. PSC y Comuns retiraron sus enmiendas antes de la votación. El texto se estudiará ahora en comisión parlamentaria.
El diputado de Junts Joan Canadell defendió que Cataluña necesita un salario superior al de otras comunidades por su mayor coste de vida:
«No podemos tener el mismo salario en Extremadura que en Cataluña, porque todos sabemos que no se puede vivir en Cataluña con 1.221 euros mensuales».
La ley plantea un acuerdo de país para subir el salario mínimo. Sin embargo, la competencia para fijar incrementos obligatorios es estatal, por lo que el Parlamento catalán no puede decidirlo por sí solo. Además, la propuesta prevé que en los contratos públicos se valore como criterio de adjudicación que las empresas paguen este salario a sus empleados.
La diputada del PP Míriam Casanova considera que Cataluña necesita mejorar el absentismo laboral y las condiciones de las concesiones públicas, en lugar de un salario de escaparate. Desde Vox, el diputado Javier Ramírez sostiene que la competencia corresponde al Gobierno central según la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores.
Pese a votar a favor de la tramitación, el republicano Jordi Albert reclama más seguridad jurídica y advierte de que la propuesta no es obligatoria. En su opinión, durante el trámite habrá que modificar la ley en profundidad para que no sea la Generalitat quien asuma las subidas a través de las ayudas previstas para las empresas afectadas. El diputado de Comuns Lluís Mijoler coincide en que la norma no crea un derecho general para todos los trabajadores y pide a Junts que la retire para negociar otra entre el Gobierno catalán y los sindicatos.
La socialista Conchi Jiménez señala que el salario sería solo una referencia para el sector privado, mientras que en los ayuntamientos dependería de cada consistorio, y reclama trabajarlo junto a los sindicatos. El próximo paso es el debate en comisión, donde el texto podría cambiar antes de su aprobación.
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