El PSC retira su enmienda a la totalidad contra la proposición de ley que regula el salario mínimo de referencia de Cataluña. La norma avanzará al Parlament para negociar cambios con Junts.
Según publica Crónica Global, el PSC ha acordado este miércoles retirar su enmienda a la totalidad contra la proposición de ley conocida como ley Canadell, y permitirá su tramitación parlamentaria. Los socialistas quieren introducir mejoras en una propuesta impulsada por Junts.
La norma busca regular el Salario Mínimo de Referencia de Cataluña (SMRC), creado por el Govern de Pere Aragonès como indicador para las negociaciones colectivas. Tiene en cuenta el coste de la vida catalán, más alto que en otras zonas de España, pero no genera obligaciones legales ni para las empresas ni para la Administración.
El diputado de Junts Joan Canadell, autor de la propuesta, plantea que el índice sea obligatorio para los trabajadores de la Generalitat y que suba de inmediato de los 1.372 euros actuales a 1.400 euros. También incluye un paquete de ayudas para el sector privado y pide bajar el tramo autonómico del IRPF para que los salarios sean más altos.
La rebaja del IRPF es una línea roja para el PSC, que tampoco comparte que la medida obligue solo a la Generalitat y no a las empresas. Las patronales se habían mostrado en contra de la subida en las mesas de trabajo.
La diputada del PSC Conchi Jiménez ha explicado que los socialistas incluirán la negociación colectiva en la ley durante la fase de enmiendas. Esa fase comienza en el Parlament una vez superada la votación de las enmiendas a la totalidad, si estas no son mayoritarias.
Los Comuns también han permitido la tramitación. El diputado Lluís Mijoler ha insistido en que la norma:
«no crea un derecho general para los trabajadores»
Recuerda que una subida de este tipo solo puede hacerse mediante negociación con las patronales o desde el Gobierno, al tratarse de una competencia estatal.
ERC ha vuelto a plantear que esa competencia se delegue, sin traspasarla, a través del artículo 150.1 de la Constitución, que lo permite. Esa vía permitiría a Cataluña tener un salario mínimo propio, por encima del fijado para el conjunto de España.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya descartó esa opción en su día. PP y Vox mantienen su enmienda a la totalidad, al considerar que supone un peligro que Cataluña tenga un salario mínimo superior al del resto del Estado.
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