El Gobierno mantiene una subida del 4,5% en las nóminas de los empleados públicos desde enero de 2027, aunque todavía no hay fecha para aprobar la norma que la haga efectiva.
La nómina de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir de enero de 2027, según confirma el Gobierno de España. De acuerdo con lo que publica Business Insider España, el Ejecutivo no ha fijado todavía el día en que aprobará la norma, algo que ha generado inquietud entre los sindicatos.
El compromiso se alcanzó en la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, el pacto marco firmado en noviembre de 2025. Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, la subida se cumplirá, aunque sin una fecha concreta para su aprobación.
El acuerdo prevé un alza acumulada del 11% hasta 2028, repartida de forma desigual: un 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. A ello se suma un 0,5% condicionado a la inflación para 2026.
La subida es consolidable, se aplica de oficio en nómina y alcanza a funcionarios y personal laboral de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, lo que incluye a los ayuntamientos.
El principal reclamo de los sindicatos es que la norma se apruebe cuanto antes. CSIF pide que el incremento se apruebe mediante un real decreto-ley antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, al igual que, según el sindicato, ocurrirá con el Salario Mínimo Interprofesional. CCOO plantea la misma exigencia.
«Que la norma básica estatal es la que permite a ministerios, comunidades y ayuntamientos presupuestar y preparar las nóminas de enero con un criterio homogéneo».
CSIF defiende esta postura porque un Gobierno en funciones solo puede dedicarse al despacho ordinario de asuntos públicos. Entre la reunión de este martes y la jornada electoral quedan poco más de cinco semanas, y las nuevas Cortes no se constituirán hasta el 24 de diciembre.
En cuanto a 2026, el 0,5% adicional solo se activará si la inflation al cierre del año iguala o supera el 1,5%. En ese caso, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y se abonaría en el primer trimestre de 2027, de modo que muchos empleados públicos cobrarían primero esos atrasos y después el 4,5% sobre una base ya actualizada.
Por último, CSIF reclama que las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, como dietas y gastos de desplazamiento, se actualicen antes de que acabe 2026, tal y como recoge el acuerdo.
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