España tiene 1.966.938 sociedades que siguen figurando como activas en los registros, aunque llevan años sin publicar actos ni depositar cuentas. Son el 46% del total.
Según recoge autonomosyemprendedor.es, a partir de un estudio de Iberinform, filial de Crédito y Caución, en España hay 1.966.938 empresas que siguen figurando como activas aunque llevan años sin actividad registral. Representan el 46% del total de sociedades.
En el último año, 79.174 compañías se han sumado a esta situación, y su peso sobre las sociedades activas en el registro ha subido un punto porcentual. Son negocios que dejaron de operar o proyectos que nunca llegaron a tener continuidad, pero cuyos propietarios no han formalizado la disolución ni la liquidación.
El informe atribuye sobre todo esta acumulación al coste y la burocracia que implica cerrar una sociedad, con gastos de notaría, gestoría y registro, que llegan cuando los recursos suelen escasear. Iberinform señala que muchas microempresas insolventes no tienen fondos ni para pagar un concurso de acreedores.
Dejar la sociedad aparcada evita esos pagos inmediatos, pero no elimina las obligaciones. El Punto de Acceso General de la Administración explica que una sociedad inactiva conserva su personalidad jurídica y debe seguir llevando la contabilidad, legalizando los libros y depositando las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
La Agencia Tributaria recuerda, además, que las sociedades inactivas deben presentar el Impuesto sobre Sociedades, incluso si nunca empezaron a operar, y las declaraciones de retenciones que correspondan.
El incumplimiento del depósito de cuentas puede acarrear multas de entre 1.200 y 60.000 euros, según la Ley de Sociedades de Capital, tras la tramitación del expediente por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Además, puede provocar el cierre registral, que impide inscribir documentos mientras persista el incumplimiento, con excepciones como el cese de administradores o la disolución.
Por comunidades, Ceuta y Melilla encabezan la proporción de sociedades sin actividad, con un 52%, por delante de Canarias y Andalucía, ambas con el 49%. En el extremo contrario, La Rioja baja al 31%, seguida de Navarra, con el 35%, y el País Vasco, con el 36%.
La Ley de Sociedades de Capital considera causa de disolución el cese de la actividad que constituye el objeto social cuando se prolonga más de un año.
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