Las administraciones españolas adjudicaron contratos por 180.600 millones en 2025, pero las pymes solo obtuvieron el 43,6% del importe, pese a representar el 67,5% de los contratos formalizados.
El mercado de la contratación pública en España movilizó alrededor de 180.600 millones de euros en 2025 a través de unos 169.700 concursos, lo que supone un incremento del 32,3% respecto a 2024, según datos de DoubleTrade recogidos por OK Diario. A pesar del volumen, las pequeñas y medianas empresas (pymes) solo captaron el 43,6% del importe adjudicado, aunque se hicieron con el 67,5% de los contratos formalizados.
La paradoja es evidente: hay mucho dinero público sobre la mesa, pero no tantas empresas compitiendo por él. En el segundo trimestre de 2025, la media de licitadores por contrato fue de 2,93, según OIReScon. El número de concursos creció un 4,3%, pero el valor económico del mercado lo hizo muy por encima, lo que indica que los contratos son cada vez de mayor cuantía.
La tendencia continúa en 2026. En el primer semestre se publicaron unas 81.200 licitaciones por 89.500 millones de euros. Hasta agosto, la licitación pública había aumentado un 26,2%, alcanzando los 26.237 millones, según las estadísticas de Seopan.
El problema no es solo la competencia. La CNMC, en su estudio de 2026 sobre barreras a la participación de las pymes en la contratación pública, identifica dificultades para obtener información adaptada, complejidad normativa, riesgos de errores formales, requisitos desproporcionados y contratos poco adaptados a las empresas pequeñas. También señala riesgos financieros durante la ejecución.
«Durante años se ha pensado que el principal problema de las empresas era encontrar licitaciones. Hoy ocurre algo diferente: hay decenas de miles de oportunidades publicadas y el verdadero reto es saber cuáles encajan con cada compañía y cuáles deben descartarse», señalan desde DoubleTrade.
La CNMC advierte de que estas barreras pueden desincentivar la participación incluso de empresas que serían potencialmente competitivas. Es decir, una empresa puede estar técnicamente capacitada para prestar un servicio y, sin embargo, no estar en condiciones de dedicar los recursos necesarios para competir por él.
El problema tampoco empieza cuando una empresa entra en una licitación. Empieza antes, cuando intenta crecer. Luis Miguel, de iBanFirst, apunta a la fragmentación administrativa y regulatoria como una de las dificultades estructurales para las empresas pequeñas.
«En España, una pyme tiene que coordinar más capas administrativas que en la mayoría de los países europeos», añade.
En su opinión, el problema no se limita a la cantidad de normas, sino a cómo se acumulan las obligaciones a medida que aumenta el tamaño de una compañía. «Gestionar una pyme es como conducir: no importa sólo la velocidad máxima, sino cuántos semáforos hay, si están coordinados y si sabes cuándo van a cambiar», apunta.
El experto pone un ejemplo concreto: el plazo teórico para constituir una empresa en España es de 1 a 10 días, pero según datos reales del Colegio de Registradores, el tiempo medio de creación es de entre 41 y 54 días.
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