El gasto público en pensiones de España roza el 13% del PIB, algo más que la media de la UE (12,2%). La OCDE prevé que llegue hasta el 16,1% en 2050.
Según recoge el diario Ara en un análisis sobre el modelo de pensiones, el gasto público en pensiones de España roza el 13% del PIB, una proporción ligeramente superior a la media de la UE, que es del 12,2%. Esta cifra lleva años subiendo y seguirá al alza, porque ahora empieza a jubilarse la generación del baby boom español, nacida en los años sesenta y setenta, la más numerosa.
Las proyecciones varían según quién las haga. Según el análisis de la OCDE publicado en 2025, en 2050 el gasto público en pensiones podría llegar al 16,1% del PIB. El Gobierno español calcula un gasto medio neto del 14% del PIB entre 2022 y 2050, mientras que la Airef lo sitúa en el 14,4% y la Comisión Europea en el 14,6%. A partir de 2050, cuando se jubile el grueso del baby boom, la tendencia debería invertirse.
El envejecimiento afecta a todo el continente. El ciudadano medio de España tiene 45 años, una cifra prácticamente igual a la de la media de la UE. La Unión Europea ya cuenta con menos de tres residentes en edad laboral por cada pensionista, y el gasto en pensiones, salud y cuidados de larga duración para mayores equivale a una quinta parte del PIB comunitario.
La llegada de inmigrantes puede aliviar este envejecimiento y la baja natalidad, pero no basta para revertir la tendencia. Influye sobre todo el tipo de empleo: si los recién llegados ocupan puestos poco cualificados, con salarios bajos, cotizan menos.
El sistema español es de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo pagan las pensiones de los jubilados actuales. La reforma de 2021 penalizó la jubilación anticipada y amplió de forma progresiva el periodo de cálculo de las pensiones. También creó el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sube las cotizaciones hasta 0,6 puntos y llegará a 1,2 puntos a partir de 2029 y hasta 2050. El objetivo es volver a llenar la hucha, que pasó de más de 66.000 millones de euros a poco más de 2.000 millones en 2018, tras la crisis de 2008.
Ningún país europeo tiene un modelo totalmente privado; la mayoría combina reparto y capitalización. En Dinamarca, 9 de cada 10 trabajadores tienen un fondo de empresa al que la compañía aporta la mayor parte de la cuota mensual. En Países Bajos, más del 90% de los trabajadores destina parte de su salario a fondos colectivos gestionados por sindicatos y patronales.
En Suecia, las aportaciones se registran en cuentas virtuales que se revalorizan con el crecimiento económico y se ajustan a la esperanza de vida, y un 2,5% de las cotizaciones va a un fondo privado elegido por el ciudadano. Francia se parece más a España, con un gran peso del reparto público, una pensión básica y regímenes complementarios obligatorios gestionados por puntos (AGIRC-ARRCO).
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