Italia retiró en 2023 la renta de ciudadanía y su paro está en mínimos históricos. Los economistas consultados advierten de que la retirada de la ayuda no explica por sí sola la caída.
Según publica Canal Extremadura, el debate sobre los efectos de los subsidios en la búsqueda de empleo ha vuelto a abrirse tras el repliegue de la renta de ciudadanía en Italia, prestación comparable al Ingreso Mínimo Vital español. Tres años después de iniciarse la retirada, el país registra tasas de desempleo en mínimos históricos, y analistas y agentes políticos estudian la relación entre la pérdida de ayudas y la activación del mercado laboral.
Las cifras oficiales italianas indican que en julio de 2023 la renta cubría 1.070.000 hogares. A finales de 2024, solo el 60% de esas familias había accedido a otra prestación pública, un 25% no llegó a presentar ninguna solicitud y el 15% restante recibió una respuesta negativa. Además, el 26% de los hogares perceptores afirmó que, tras la supresión, al menos uno de sus miembros había encontrado trabajo.
En España, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado de forma acumulada a casi 4 millones de personas. Actualmente da cobertura a 2.800.000 personas integradas en 905.000 hogares, y en septiembre contabilizaba 391.000 beneficiarios más que en el mismo mes de 2025.
Ante la pregunta de si suprimir la prestación en España repetiría la bajada del paro observada en Italia, los expertos económicos consultados piden cautela y descartan explicaciones de una sola causa. La economista Ana Romero señala que la reforma ha contribuido a incentivar la incorporación al mercado laboral, aunque junto a otros factores:
«Se une a otros factores que han sido la evolución de la industria, la evolución del sector servicios y la situación general de la economía».
Romero también pone el foco en la diferencia entre la ayuda y el salario que recibiría una persona al trabajar. Si el sueldo es bajo y apenas supera la prestación, explica, la decisión de incorporarse al empleo pierde atractivo.
Los analistas recuerdan además que estas prestaciones siguen siendo una herramienta necesaria para frenar la exclusión social en los hogares más vulnerables, sobre todo en comunidades con menor renta per cápita. Romero propone reforzar la formación para la búsqueda de empleo y un mayor control de las ayudas, sin renunciar a los mecanismos de solidaridad.
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