Los Veintisiete aprueban que el Estado donde se trabajó asuma la prestación si se cotizaron al menos 22 semanas ininterrumpidas. Quienes busquen empleo en otro país podrán conservar el paro seis meses en lugar de tres.
Los Veintisiete han dado luz verde definitiva a la reforma de las normas europeas que coordinan los sistemas nacionales de Seguridad Social. El cambio, bloqueado durante casi diez años tras los fracasos de 2019 y 2021, establece que el Estado donde se haya trabajado será el responsable de abonar la prestación por desempleo si se han cotizado al menos 22 semanas de forma ininterrumpida, según publica sport.es.
La medida afecta de lleno a los trabajadores transfronterizos, aquellos que residen en un país de la Unión Europea pero desarrollan su actividad en otro. Hasta ahora, el coste del paro podía recaer sobre el Estado de residencia, mientras que las cotizaciones engrosaban las arcas del Estado de empleo. Con el nuevo criterio, las cotizaciones realizadas en un Estado determinan quién paga el desempleo.
España, con una comunidad notable de residentes que trabajan en Francia, Portugal o Alemania, queda directamente concernida por este cambio de criterio. Un residente en territorio español que cotice en otro país comunitario durante al menos 22 semanas consecutivas tendrá garantizada la prestación a cargo de ese Estado, no del español.
La reforma también amplía el margen para quienes ya cobran el paro y se desplazan a otro país europeo en busca de empleo. El periodo durante el que podrán conservar la prestación pasa de tres a seis meses, duplicando el plazo disponible. Esto permite, por ejemplo, que una persona que percibe el paro en España se traslade a otro Estado miembro para buscar trabajo sin renunciar de inmediato a la ayuda.
Bruselas no crea una prestación común europea. Cada Estado mantiene su propio sistema de Seguridad Social con sus requisitos, cuantías y condiciones. La Unión Europea solo fija las reglas de coordinación para evitar lagunas cuando un trabajador cruza una frontera.
La aprobación definitiva cierra años de negociaciones y busca corregir los desequilibrios entre Estados miembros. Algunos países acumulaban cotizaciones de trabajadores extranjeros mientras el coste del desempleo recaía sobre el país de residencia. Con el nuevo marco, esa disociación desaparece cuando se supera el umbral de las 22 semanas.
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