El país ha pasado de 512.357 a 480.067 unidades productivas desde noviembre de 2023, con 948 cierres solo en julio de 2026. La contracción golpea a pymes proveedoras de grupos como Repsol, BBVA o Meliá.
La economía argentina ha perdido 32.290 empresas desde que Javier Milei llegó al Gobierno, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que compara las unidades productivas registradas en noviembre de 2023 (512.357) con las de julio de 2026 (480.067). En términos relativos, una de cada dieciséis actividades que operaban hace tres años ha dejado de funcionar. Solo en julio echaron el cierre 948 empresas, casi treinta cada día, tal y como recoge moncloa.com.
El comercio y varias ramas industriales concentran los cierres, según el documento. Son los sectores más ligados a la demanda interna, que se ha apagado con una inflación interanual del 33,8% en julio. Los datos oficiales de actividad del instituto estadístico argentino apuntan en la misma dirección: la economía retrocedió un 2,9% en julio respecto a junio y un 1,4% frente al mismo mes del año anterior.
El impacto en el empleo formal es de 437.611 puestos destruidos desde diciembre de 2023, de los que 3.485 se perdieron en el último julio contabilizado. El tejido que desaparece es, sobre todo, pyme: proveedores, distribuidores y clientes de las grandes compañías.
Menos consumo, menos empresas y menos empleo formal: el mercado que las compañías españolas siguen de cerca se ha encogido un 6,3% en tres años.
Argentina ha sido durante décadas uno de los destinos naturales de la inversión española fuera de casa, con una presencia consolidada en banca, energía, turismo y distribución. Grupos como Repsol, BBVA o Meliá llevan años operando allí, y sus cuentas se leen también en pesos. Para esas filiales, una contracción como la descrita significa menos ventas en el comercio, morosidad al alza en la banca, ocupación más frágil en los hoteles y compras industriales que se aplazan.
El informe advierte de que las cifras, por sí solas, no permiten atribuir cada cierre a una única causa. La pérdida de poder adquisitivo de los hogares es la explicación que señala el documento: con los precios al alza, las familias compran menos y ese frenazo llega antes al mostrador de la esquina que a la gran corporación.
España no llega nueva a este tipo de episodios. En diciembre de 2001, el corralito y la mayor suspensión de pagos soberana de la historia dejaron a las filiales españolas con activos congelados y cuentas imposibles de repatriar. Una década después, en 2012, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió a Repsol el 51% de YPF, y el grupo español acabó cobrando en bonos una compensación que llegó años más tarde.
La diferencia de fondo con aquel episodio es la forma del golpe: entonces hubo un estallido; ahora, un goteo. Más de 32.000 empresas menos en menos de tres años dibujan un mercado más pequeño, con menos competencia y menos colchón para las filiales extranjeras. España figura entre los inversores extranjeros históricos del país, y lo que se decide en Buenos Aires condiciona la letra pequeña de los planes de expansión en sectores con tirón: energía, agroindustria, litio y turismo.
Hacia delante, la mirada está en dos indicadores. El primero, si el ritmo de bajas mensuales se modera o se acelera en los próximos balances. El segundo, si la caída del consumo empieza a notarse en los resultados que las filiales españolas reportan a sus matrices.
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