La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar el cobro de 120,3 millones de euros que Repsol debía abonar a Hacienda por el tributo energético de 2024. La compañía mantiene a salvo un total de 272,7 millones.
Según publica Marca, la Audiencia Nacional ha paralizado la ejecución de una reclamación de 120,3 millones de euros que Repsol debía pagar a Hacienda por el tributo energético de 2024. La medida suma otros 152,4 millones congelados por una orden de 24 de junio de 2026 sobre el ejercicio 2023, con lo que la empresa tiene a salvo de forma preventiva 272,7 millones de euros.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) había rechazado la impugnación de Repsol el 9 de julio. Después, el 28 de septiembre de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó el nuevo auto de suspensión. La Abogacía del Estado no se opuso a la medida cautelar.
La suspensión no anula la deuda ni resuelve el pleito de fondo. Solo frena el cobro mientras se tramita el juicio, para proteger la liquidez de la empresa. La Agencia Tributaria (AEAT) debe comprobar que el aval bancario cubre el importe reclamado, con sus recargos e intereses a dos años.
El gravamen procede de la Ley 38/2022, aprobada tras la guerra de Ucrania. Obligaba a pagar un 1,2 % de la facturación en España durante 2023 y 2024 a las grandes energéticas que ingresaron más de 1.000 millones de euros en 2019.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya había advertido de las consecuencias del impuesto en una rueda de prensa celebrada en marzo de 2026:
«Hasta el momento no se ha visto un objetivo real para tal medida a nivel europeo.»
Imaz añadió que, si las empresas sufren confiscaciones, «no vas a invertir más para garantizar el suministro», y advirtió de que el debate eleva el riesgo de seguridad del suministro en Europa en los próximos meses.
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