Las empresas del Ibex 35 siguen de cerca las próximas elecciones generales, ya que el nuevo gobierno puede modificar las reglas de energía, banca, telecomunicaciones e infraestructuras.
Las grandes empresas del Ibex 35 siguen con atención las próximas elecciones generales, porque el nuevo gobierno puede cambiar las reglas de los sectores en los que operan. Según recoge agencia6.com, el peso que el Estado mantiene en energía, telecomunicaciones, banca e infraestructuras hace que el resultado electoral tenga una relevancia especial para estos mercados.
Los sectores más expuestos son la energía, que depende de la regulación tarifaria, de los incentivos a las renovables y de la transición energética; la banca, afectada por la fiscalidad, los tipos de interés y la regulación hipotecaria; las telecomunicaciones, con las concesiones de espectro y la regulación de la competencia; y las infraestructuras y concesiones, que dependen de la inversión estatal y de los modelos de colaboración público-privada.
La regulación y la fiscalidad son los dos instrumentos principales de un gobierno sobre las grandes empresas. Un ejecutivo intervencionista podría gravar los beneficios extraordinarios, limitar los dividendos o exigir reinversión en territorio nacional. Un gobierno de perfil liberal, en cambio, reduciría las cargas administrativas y facilitaría las fusiones y adquisiciones.
Otro aspecto son los nombramientos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Banco de España son instituciones formalmente independientes, pero sus máximos responsables son propuestos por el ejecutivo, y sus decisiones pueden marcar la regulación durante años.
En los mercados, la incertidumbre electoral suele traducirse en volatilidad bursátil, sobre todo en los valores más expuestos a decisiones del gobierno. Una vez despejado el escenario político, la bolsa tiende a recuperar la estabilidad, salvo que el programa del nuevo gobierno incluya cambios estructurales de gran alcance.
El texto subraya que el equilibrio entre la supervisión pública y la autonomía empresarial será uno de los retos del próximo gobierno.

