Unas 25.000 personas, según el Gobierno, se manifestaron en Madrid para defender el sistema público de pensiones y rechazar su privatización. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones reclama revalorizarlas según la inflación real.
Según recoge Infobae, unas 25.000 personas, según datos del Gobierno, participaron el 24 de octubre en una marcha en Madrid en defensa del sistema público de pensiones y contra su privatización. La convocatoria corrió a cargo de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).
En la cabecera de la marcha, la portavoz nacional de COESPE, Francisca López, pidió que las pensiones se revaloricen conforme a la inflación real, porque las subidas actuales no compensan el encarecimiento de la vida ni de la cesta de la compra. La organización reclamó además medidas para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y reforzar su protección.
La coordinadora sostiene que la inflación en España se situó en el 4,9 % interanual en septiembre, según el Índice de Precios al Consumo, lo que a su juicio supone una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
En paralelo, centenares de familias se concentraron ante la consejería de Educación, Ciencia y Universidades en Madrid para apoyar la huelga indefinida por la educación pública no universitaria de la región, iniciada el 14 de octubre. Según el Gobierno, más de 500 padres y madres acudieron con pancartas en defensa de la labor de los docentes.
Las reclamaciones de los profesores incluyen reducir las horas lectivas de 19 a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria, además de bajar las ratios por aula y subir los salarios.
Por otro lado, la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC), un órgano creado al margen de los sindicatos, acordó convocar una manifestación el sábado 21 de noviembre e iniciar un ciclo de huelgas con un primer paro el 26 de noviembre.
La acampada en la plaza de Sol de Madrid cumple su cuarta semana. Nació como reacción al desahucio de una mujer de 87 años, que murió días después en el hospital, y hoy se centra en el derecho a la vivienda.
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