El Estado busca elevar la imputación de renta del IRPF para las viviendas vacías en zonas tensionadas. El valor catastral será la base del cálculo y los grandes tenedores, el perfil más afectado.
De acuerdo con la información publicada por agencia6.com, el Gobierno prepara un cambio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aumentar la imputación de renta de las viviendas vacías situadas en zonas tensionadas, es decir, municipios donde la demanda de vivienda supera ampliamente la oferta.
Ya hoy los propietarios tributan por esa imputación, calculada sobre el valor catastral del inmueble. La novedad es que el porcentaje subiría en esas áreas, de modo que mantener una casa vacía sin una justificación válida resultaría cada vez más caro.
El valor catastral lo determina la Dirección General del Catastro teniendo en cuenta la ubicación, la superficie, el uso y la antigüedad del inmueble. En numerosos municipios se ha actualizado recientemente, por lo que la base del incremento se acerca más al precio real del mercado.
Según el texto, la medida afectaría sobre todo a tres perfiles. Los grandes tenedores, personas físicas o jurídicas con más de cinco inmuebles en zonas tensionadas, son el grupo más expuesto. También se verán afectados los propietarios que heredaron viviendas y las mantienen vacías por motivos administrativos o familiares, y los inversores inmobiliarios que compran para revalorizar sin intención de alquilar a corto plazo.
La iniciativa divide a economistas, juristas y sector inmobiliario. Quienes la apoyan sostienen que la vivienda es un derecho constitucional y que el Estado puede regular el uso de la propiedad cuando afecta al interés general. Los críticos advierten de que penalizar la vivienda vacía podría frenar la inversión y generar inseguridad jurídica, sin atacar la falta de suelo edificable ni los obstáculos para construir.
Otros países europeos han aplicado fiscalidad similar con resultados desiguales. La medida, en opinión de sus promotores, debería combinarse con construcción pública, incentivos al alquiler asequible y más transparencia en el mercado. El texto no precisa el porcentaje final de imputación ni la fecha de aplicación, así que los propietarios deberán esperar a la norma definitiva.
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