El Consejo de Ministros del martes 20 de octubre aprobará una inversión de 45 millones de euros para alojamiento universitario asequible, junto a mejoras en prestaciones sociales.
Con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, el Gobierno tiene seis Consejos de Ministros para sacar adelante sus iniciativas pendientes. El primero, el martes 20 de octubre, aprobará un paquete de mejoras en prestaciones sociales y una inversión de 45 millones de euros para ampliar el alojamiento universitario asequible, según publica Infobae.
Las sesiones restantes están previstas para el 27 de octubre y los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre. La campaña electoral empezará el 13 de noviembre, por lo que las últimas reuniones se celebrarán en plena disputa electoral. No todas las reformas pendientes podrán aprobarse dentro de este calendario.
El real decreto-ley impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones amplía la protección para las mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género. En ambos casos, la prestación por incapacidad temporal será del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja y del 75% a partir de entonces.
La pensión de viudedad para las parejas de hecho también cambia. Bastará con tener hijos en común para acreditar la relación, y se abrirá un plazo de 12 meses para revisar las solicitudes que fueron rechazadas por este motivo.
Las familias que cuidan a menores con cáncer u otras enfermedades graves podrán percibir la prestación correspondiente de forma simultánea o alterna por ambos progenitores. La protección podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando se cumplan los requisitos de dependencia de grado III o discapacidad severa.
Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas tendrán una cuantía mínima de dos salarios mínimos interprofesionales, es decir, 2.442 euros mensuales, un aumento del 36% respecto al mínimo anterior. Los huérfanos de víctimas de violencia machista tendrán ese mismo umbral en las prestaciones contributivas, y las no contributivas podrán alcanzar esa cantidad.
El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos triplicará su anticipo máximo por beneficiario, de 100 a 300 euros, y ampliará su duración. El objetivo es proteger a los menores cuando uno de los progenitores incumple la obligación de pagar la pensión alimenticia.
Al haberse disuelto las Cortes por la convocatoria electoral, el decreto deberá convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso dentro del plazo legal, como ocurrió con los decretos de vivienda rechazados en el Congreso el 2 de octubre.
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