La ley de startups ventajas fiscales reúne beneficios para quien invierte en empresas emergentes y para los empleados que reciben opciones sobre acciones. Son medidas con requisitos estrictos, como el certificado de ENISA y plazos de mantenimiento.
La ley de startups ventajas fiscales es el conjunto de incentivos que la Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, pone al alcance de quienes invierten en jóvenes compañías tecnológicas y de quienes trabajan en ellas. La norma entró en vigor a finales de 2022 con un objetivo declarado: retener el talento y el capital que hasta entonces se marchaban a otros países europeos con reglas más atractivas para el emprendimiento.
Antes de hablar de impuestos conviene aclarar qué se considera una empresa emergente, porque la ley no concede beneficios a cualquier sociedad de reciente creación. La compañía debe tener menos de cinco años de antigüedad, no cotizar en bolsa y no superar los cinco millones de euros de facturación anual. Además, necesita el certificado de empresa emergente que expide la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), que es el documento que acredita ante Hacienda que la sociedad cumple los requisitos.
Deducciones para quien invierte
El incentivo más comentado es la deducción en el IRPF para personas físicas que compran acciones o participaciones de una empresa emergente. Según el texto aprobado, el inversor puede deducir el 50 % de lo invertido sobre la cuota del impuesto, con un límite de base de 50.000 euros anuales. Esto significa que la rebaja máxima por ejercicio es de 25.000 euros, una cifra que ha despertado interés entre los business angels y los pequeños inversores que suelen aportar capital en las primeras rondas.
La deducción tiene un condicionante importante: la participación debe mantenerse durante al menos tres años. Si el inversor vende antes de ese plazo, tendrá que regularizar la deducción practicada, es decir, devolver el beneficio fiscal que obtuvo en su momento. Por eso, los asesores recomiendan valorar la operación como una inversión a medio plazo y no como un atajo para reducir la factura de un año concreto.
La norma también excluye determinadas operaciones entre partes vinculadas, de modo que no todas las inversiones dentro de un mismo grupo empresarial dan derecho a la deducción. Quien planee una operación de este tipo debería revisar sus condiciones antes de firmar, porque un error de encuadre puede anular el incentivo.
Opciones sobre acciones para los empleados
El segundo gran bloque de medidas afecta a los trabajadores. Las startups suelen pagar salarios por debajo de los de las grandes empresas y compensan esa diferencia con opciones sobre acciones, un instrumento que da derecho a comprar participaciones de la compañía a un precio fijado de antemano. Hasta la entrada en vigor de la ley, el valor de esas opciones tributaba como renta en especie en el momento de ejercerlas, lo que podía obligar al empleado a pagar impuestos sin haber recibido ningún dinero, porque las acciones de una empresa emergente rara vez son líquidas.
La ley introduce una exención de hasta 50.000 euros al año para estas retribuciones en especie, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la norma. Para la plantilla de una startup en fase de crecimiento, esta medida puede marcar la diferencia a la hora de aceptar una oferta frente a un puesto en una compañía consolidada que paga más en nómina.
Conviene recordar que la exención no convierte la opción en un ingreso libre de consecuencias. Cuando el empleado venda las acciones, la ganancia patrimonial tributará con las reglas generales del ahorro, por lo que el ahorro fiscal se concentra en el momento del ejercicio y no en toda la vida de la inversión.
Otros apoyos para la empresa
Más allá de las ventajas tributarias, la ley crea un marco de apoyo público para las empresas emergentes. El certificado que expide ENISA funciona como una especie de llave de acceso a programas de financiación y acompañamiento, de modo que las compañías que lo obtienen pueden presentarse a ayudas y convocatorias que están reservadas a este tipo de proyectos. Para un fundador que busca su primera ronda, contar con ese documento aporta credibilidad frente a posibles inversores y facilita la negociación.
La norma también pretende reducir la burocracia en la creación de sociedades y en la gestión de las rondas de financiación, aunque el alcance práctico de estas medidas depende en buena parte del desarrollo reglamentario y de la forma en que cada administración aplique sus criterios.
Qué conviene tener en cuenta
Quien quiera aplicar cualquiera de estos beneficios debe tener en cuenta tres puntos básicos:
- Disponer del certificado de empresa emergente emitido por ENISA antes de practicar la deducción o la exención.
- Mantener la inversión durante el plazo exigido, que es de tres años para la deducción del IRPF.
- Respetar los límites anuales de base y de exención, que se aplican por contribuyente y por ejercicio.
La Agencia Tributaria es la encargada de comprobar que se cumplen los requisitos y puede pedir documentación adicional en una inspección o en una revisión de la declaración. Por eso, guardar los contratos, los acuerdos de socios, el certificado de ENISA y los justificantes de la inversión es tan importante como la propia operación. Los inversores y empleados que dudan sobre su caso concreto deben consultar con un asesor fiscal, porque las reglas de vinculación y de plazos admiten matices que pueden cambiar el resultado final.
En conjunto, la ley de startups ventajas fiscales busca hacer más atractivo el ecosistema español frente a los países vecinos. Su éxito dependerá de que las empresas obtengan la certificación, de que los inversores confíen en la estabilidad del marco y de que la aplicación práctica sea clara para quienes no tienen un departamento de fiscalidad detrás.
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